Un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional por una vecina del residencial El Monte, en El Tirol de San Rafael, Heredia, por medio de fotografías prueba la muerte de varios perezosos e incluso un mono cariblanco a causa de la tala de cipreses.
Cabe destacar que, a pesar de no ser una especie autóctona de la zona ni parte del hábitat normal de la fauna mencionada, su asentamiento por casi un siglo hizo que se adaptara a ellos.
Por lo tanto, la corta provoca que los reemplacen con postes del tendido eléctrico, lo cual ha causado la muerte de varios de ellos.
Lo anterior se suma a que la llegada de maquinaria produce fuertes ruidos y altera su forma de vida.
Incluso, otros tantos bajan a las calles al no encontrar los árboles que utilizaban para trasladarse, lo que los expone a atropellos y los depredadores.
“Justamente a la entrada principal de la finca, en zona pública sobre calle municipal, existe un paraje bucólico de hermosos árboles de ciprés plantados a ambos lados del ingreso de la finca, disfrutando del avistamiento de aves, ardillas, monos cariblanco, perezosos, pericos, codornices y otras especies más”, expone el recurso.
La deforestación fue una orden del Tribunal Agrario del I Circuito de Alajuela, emitida por el juez Édgar Calvo, a partir de la demanda que en 2021 interpuso una vecina extranjera.
Según la denunciante, los cipreses atentan contra la seguridad de su propiedad, por lo que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) envió dos ingenieros para hacer los estudios correspondientes.
A la casa de la demandante los acompañaron la gestora ambiental de la Municipalidad de San Rafael, Marianela Rodríguez, y la jueza agraria Flor Ramírez.
De acuerdo con Edwin Arguedas, uno de los ingenieros, no recibieron las herramientas necesarias para un análisis completo ni se contempló el impacto a la biodiversidad, por lo que el proceso se resumió en un “estudio visual”.
Los resultados los aprobó Calvo como juez firmante y se dio la orden de talar 65 árboles. Álvaro Sagot, especialista en derecho ambiental y docente de la Universidad de Costa Rica, explica que “a todos los que sean responsables les cabe responsabilidad civil, penal y administrativa. Esta última (administrativa) si siguen trabajando para el municipio”.
