Los rectores de las universidades estatales se defendieron tras la negativa de la Contraloría General de la República (CGR) de tramitar el plan de gastos presentado para 2020, en razón de que incumplía la regla fiscal.
Para los dirigentes, en la ley 9635 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su capítulo IV, que es donde se encuentra lo relacionado con la regla fiscal, no existe artículo que haga referencia estricta sobre la obligatoriedad de que los centros de educación superior cumplan con ese aspecto.
Por otra parte, en sus alegatos afirman que, más allá de cualquier legislación, la Contraloría está llamada a respetar la Constitución y en ese particular está primero esta que cualquier ley paralela, como es el caso del denominado plan fiscal.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) tiene claro que la misma Sala Constitucional especificó el carácter especial que presentan las universidades en el sentido de que no se les puede considerar iguales a otras instituciones públicas.
La razón para negar el presupuesto es que los rectores no justificaron ante la Secretaría Técnica de Administración Presupuestaria su plan de gastos, algo que de nuevo consideran no están mandados a hacer, por tratarse de entidades ajenas al control del Poder Ejecutivo.
En estos momentos, un recurso de inconstitucionalidad espera su resolución por cuanto los rectores pidieron que sacaran sus instituciones de las contemplaciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.