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El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, afirmó que una redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que reduzca de manera significativa la participación de esa institución podría afectar seriamente sus finanzas y hasta “quebrar” a la universidad.
Araya compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, espacio que aprobó una moción y que busca realizar una investigación, hasta por un plazo de dos años, sobre la administración, ejecución, control, fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos administrados por las universidades estatales, particularmente aquellos provenientes del FEES.
En dicho espacio, Araya fue cuestionado por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), María Isabel Camareno, sobre el voto negativo de los representantes del Consejo Universitario de la UCR a una propuesta de redistribución y el posterior veto presentado por el mismo órgano colegiado.
A modo de contexto, el 14 de abril de 2026, diez de los 12 integrantes del Conare ampliado respaldaron avanzar hacia una redistribución del FEES, mientras que los representantes de la UCR votaron en contra.
Dos días después, el Consejo Universitario de esa institución presentó un veto que impidió que el acuerdo adquiriera firmeza.
Camareno cuestionó al rector sobre las razones de esa decisión y si resultaba contradictorio reclamar mayores recursos para las universidades públicas mientras se frenaba una distribución más equitativa.
Araya explicó que el acuerdo no establecía directamente nuevos porcentajes, sino principios para orientar una futura redistribución. Según dijo, el conflicto surgió cuando “una persona rectora” planteó que el principio de equidad debía conducir a que cada universidad recibiera un 20% del fondo.
“Pasar la Universidad de Costa Rica de un 49,94% que recibe hoy a un 20% como se planteaba en ese momento pues sería quebrar a la universidad”, afirmó.
El rector defendió el veto como un mecanismo contemplado en la normativa para generar diálogo y alcanzar un acuerdo entre las universidades.
Ante la pregunta de si la UCR mantendría el veto durante la negociación para definir la distribución del FEES de 2027, Araya evitó comprometer una respuesta definitiva y señaló que actualmente existe un proceso de negociación.
“El Consejo Nacional de Rectores (Conare) no es una suprauniversidad. Conare es un órgano de articulación donde las decisiones que afectan a todas las universidades tienen que tomarse por consenso”, sostuvo.
El diputado Antonio Barzuna, por su parte, cuestionó al rector por una resolución que contemplaba salarios de entre ¢3,4 millones y ¢4,1 millones para 22 puestos de confianza. Preguntó al rector cuáles fueron los criterios utilizados para definir esos cargos y sus remuneraciones.
“¿Eran discrecionales, eran de confianza suyos 22 puestos de entre 3,4 millones y 4,1 millones de salario, sí o no?”, insistió Barzuna.
Araya respondió que se trata de direcciones de oficinas técnicas cuyo nombramiento corresponde al rector, según el Estatuto Orgánico, y explicó que la resolución buscaba regular esos puestos durante la transición al salario global.
El diputado también cuestionó el gasto administrativo de la universidad y preguntó qué medidas adoptaría para aumentar la inversión en becas.
Por otra parte, sobre los “gastos de representación”, Araya señaló que el único órgano de la UCR que contempla este tipo de recursos es el Consejo Universitario, con un monto de ¢300 mil al año. Según explicó, ese dinero no se ejecuta.
Gastos de alimentación
Sobre los gastos en alimentación y actividades institucionales, Araya afirmó que la mayoría de estos recursos se destinan a docencia, investigación y acción social. Reconoció que todo gasto público debe justificarse y aseguró que la Rectoría reforzó los controles y estableció una política de contención del gasto.
Segunda comparecencia
Carlos Araya es el segundo rector que comparece ante la comisión, luego de que se aprobara la moción para investigar el uso, administración y fiscalización de los recursos de las universidades estatales. El primero en presentarse fue el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, quien compareció la semana anterior ante esa misma comisión.