Rector de la UCR busca anular acuerdo para pagar ajuste salarial a funcionarios

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, presentó un recurso para intentar anular el acuerdo del Consejo Universitario (CU) tomado en la sesión No. 7024, que pidió buscar mecanismos para extender a todos los trabajadores de la institución el ajuste salarial del 1,5% por costo de vida.

Araya presentó un recurso interno de revisión acompañado de una gestión de nulidad contra lo acordado por el Consejo Universitario el 1º de setiembre.

Antecedentes

La disputa surge después de que el órgano colegiado solicitara a la administración agotar las alternativas legales, administrativas y presupuestarias para procurar que el incremento llegue a la totalidad de la planilla.

Ese acuerdo también daba 15 días naturales para articular una mesa técnica y un máximo de 30 días hábiles para presentar un informe con una ruta para atender a quienes quedaron fuera del reconocimiento salarial realizado previamente.

Rector alega invasión de competencias

El principal argumento de Araya es que el Consejo Universitario estaría entrando en competencias que corresponden exclusivamente a la Rectoría.

Según sostiene, aunque el acuerdo utiliza palabras como “instar” y “solicitar”, en la práctica establece una serie de instrucciones sobre cómo debe proceder la administración para abordar el ajuste salarial.

“El Consejo Universitario, en este sentido, no es, ni de lejos, superior en nada de la Rectoría. Por tanto, carece de prerrogativas o potestades como para indicarle a la Rectoría el modo de ejercer sus funciones”, señala el recurso.

Además, el jerarca sostiene que no se puede acoger dicha solicitud del CU ya que el Transitorio XI de la Ley Marco de Empleo Público no lo permite.

Ajuste ya se aplicó parcialmente

La discusión se centra en el ajuste del 1,5% por costo de vida. La Rectoría ya había adoptado una resolución para reconocerlo a determinados grupos de funcionarios, pero el Consejo pretende que se estudien alternativas para alcanzar también a quienes quedaron excluidos.

Araya sostiene que la administración ya estudió mecanismos jurídicos, presupuestarios y normativos antes de tomar su decisión y cuestiona que el Consejo vuelva a intervenir en un asunto que considera de competencia exclusiva de la Rectoría.

Asimismo, Rectoría indicó que dicho aumento al 100% de sus funcionarios equivaldría a unos ¢2 mil millones anuales, monto que sería cubierto con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).