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Un recorte de ¢23.287 millones pondría en peligro subsidios y pensiones de al menos 49 mil personas en condición vulnerable, según lo planteado por el Ministerio de Hacienda en la Segunda Modificación Presupuestaria, tramitada bajo el expediente 25.137.
De esa disminución, ¢18.277 millones corresponden a transferencias al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y poco más de ¢5 mil millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el pago de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC).
En el caso de la Caja, la institución enfrentaría el riesgo de retrasos o suspensión en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incluir a cerca de 11.300 nuevos beneficiarios y dificultades para cubrir el aguinaldo.
“Esta omisión agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, impactando directamente a una población altamente vulnerable, como lo son las personas adultas mayores en situación de pobreza o pobreza extrema, quienes dependen de estos recursos para su subsistencia”, señala el texto del proyecto.
En el IMAS, el propio Ministerio reconoce que “habría consecuencias sociales profundas”. Esto podría dejar a cientos de hogares sin protección, lo que derivaría en un aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, además de poner en riesgo los avances logrados en desarrollo humano y cohesión social.
“Esta redistribución limitaría gravemente la capacidad institucional para brindar apoyo en áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a aproximadamente 37.706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025”, indica el documento.
A largo plazo, la medida podría generar mayores costos sociales y económicos para el Estado, al debilitar los sistemas de protección social y aumentar la presión sobre otros servicios públicos.
La situación generó el descontento de la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, quien cuestionó la propuesta de Hacienda.
“Estamos revisando con suma preocupación esta modificación presupuestaria porque esas reducciones a pensiones, becas y otros programas que limitan la capacidad del IMAS, a quienes afectan es a los más vulnerables y eso es inaceptable. ¿Dónde dejan la planificación y programación que se hace cuando se plantea un presupuesto?”, cuestionó
Ramírez.
Diario Extra intentó obtener la reacción de Yorleny León, presidenta del IMAS, pero la institución indicó que se referirá al tema hasta el 19 de agosto.