La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó los recortes por ¢62.000 millones que ha hecho el Ministerio de Hacienda al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Así lo confirma el documento PGR-OJ-061-2024, emitido por la Procuraduría y dirigido a Monserrat Ruiz, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN).
“A los programas e instituciones concernidos se les protege contra cualquier desfavorecimiento nominal en sus ingresos, con ocasión de la entrada en vigor del sistema de asignación presupuestaria planteado en el proyecto. Esto significa que, al menos, las asignaciones actuales no pueden verse mermadas.
El artículo 24 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en relación con el artículo 32 del Reglamento a su título IV establecen que el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá asignar los recursos presupuestarios. La asignación presupuestaria en lo sucesivo nunca podía ser menor al monto que le fue transferido en el presupuesto del 2018”, establece el oficio, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
Cabe señalar que, el Fodesaf financia programas como Becas Avancemos, Red de Cuido, subsidios para personas adultas mayores y bonos de vivienda, del mismo modo, atiende adultos mayores, niños en pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.
Lo anterior generó malestar en la diputada, quien aseguró que se está dando una afectación directa en programas sociales.
“La propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incluyó una cláusula de protección a la inversión social. Este criterio nos confirma que, tal y como lo denunciamos, el recorte al Fodesaf es ilegal y pone en riesgo derechos fundamentales de las personas más vulnerables”, puntualizó la verdiblanca.
CONTEXTO
De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Hacienda tenía que pasar este año la misma cifra, que en 2019, al Fodesaf (¢255.583 millones), no obstante, lo presupuestado fue de ¢193.452 millones; es decir, el recorte fue por ¢62.130.787.355.
Debido a dicha situación, la fracción del Partido Frente Amplio presentó un recurso de amparo contra Nogui Acosta, ministro de Hacienda, señalando que está desacatando lo establecido en la Ley 9635, respecto al monto mínimo que el Poder Ejecutivo está obligado a asignar al Fondo.
El recurso fue acogido por los magistrados de la Sala Constitucional y está en trámite bajo el expediente N° 24-007089-0007-CO. Previamente, la DGPN confirmó que Hacienda y Acosta están incumpliendo abiertamente con su obligación de asignar recursos al Fodesaf.
HACIENDA RECONOCE
El Alto Tribunal solicitó explicaciones a Hacienda y Luis Antonio Molina Chacón, ministro a.i. de Hacienda, admitió días atrás que no han girado los recursos a los programas de inversión social.
“Se considera importante empezar por aceptar que es cierto que la normativa vigente establece que el Ministerio de Hacienda debe establecer al Fodesaf una suma no menor a la asignada en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2019 (…), lo que en realidad se pudo presupuestar fue un monto de ¢193.452.212.645 (…).
Habiendo realizado tal aceptación, se considera imprescindible explicar que en el Ministerio de Hacienda sí se entiende y se tiene conciencia de la necesidad e importancia de cumplir con la asignación al Fodesaf de los recursos a los que se ha hecho referencia, para preservar el Estado social de derecho que tenemos en nuestra sociedad.
Nada sería más satisfactorio que poder cumplir con esa obligación en los términos específicos en que está estipulada, al igual que con todas las demás responsabilidades que se le han asignado a esta cartera por medio de la normativa vigente.
Desafortunadamente y, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando para ir saliendo de la grave crisis fiscal que ha venido padeciendo nuestro país desde hace ya bastantes años y que fue producto de manejos irresponsables o inadecuados, nos hemos encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige”, admiten desde Hacienda.
Por otra parte, acusaron que no han podido girar los recursos por “la excesiva rigidez presupuestaria que sigue limitando al Poder Ejecutivo” y es irónicamente defendida por el mismo Ministerio de Hacienda.
La cartera señaló que la “aprobación de nuevas leyes imponen más gasto, pero sin que se les asigne una nueva fuente de financiamiento”, no obstante, aseguraron que, para el próximo presupuesto ordinario de 2025, estarían girando “una suma no menor a la establecida por ley”.
AFECTACIONES DIRECTAS
El no giro de recursos al Fodesaf está teniendo afectaciones directas en distintos sectores de la población.
Uno de ellos es el Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A este programa, creado para garantizarle un ingreso mínimo especialmente a las personas adultas mayores en condición de pobreza que no cuentan con otra fuente de sustento, se le estarían dejando de asignar más de ¢6.430 millones que podrían destinarse a financiar nuevas pensiones para personas en condición de pobreza extrema o, en su defecto, incrementar el monto de las existentes.
Otro afectado es el Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi), a cargo del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), no obstante, se le han dejado de girar ¢11.227 millones.
Uno de los más delicados es el de Comedores Escolares, a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP), el cual, producto de la decisión de Hacienda, no ha recibido más de ¢3.218 millones.
Siempre en materia de niñez, se encuentra la Red de Cuido y otros programas a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a los que se les rebajarían más de ¢2.485 millones y ¢1.609 millones de los fondos provenientes del Fodesaf que por ley les corresponden.
Los últimos afectados son los Programas de Transferencias Condicionadas Avancemos, que otorga becas para estudiantes en condición de pobreza. Para ellos el tijerazo fue de más de ¢4.970 millones.
Monserrat Ruiz
Diputada PLN
“Este recorte violenta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, poniendo en riesgo los derechos de las personas más vulnerables”.