Debido al recorte del presupuesto que hizo el Ministerio de Hacienda al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los allanamientos y operativos para desarticular grupos criminales deberán esperar.
Randall Zúñiga, director del OIJ, externó su molestia ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tras la disminución en el presupuesto de 2024, que alcanza los ¢2 mil millones, lo cual impactará en la seguridad del país.
Según Zúñiga, no podrán buscar reemplazo a los funcionarios que se incapaciten o renuncien, por lo que afectaría de gran manera las labores del OIJ, especialmente en los allanamientos.
“Los allanamientos que teníamos programados para la próxima semana están muy difíciles de que se puedan realizar, sin embargo, eso no quiere decir de no se harán, ahora tomará más tiempo o no tan regularmente como se venían haciendo”, explicó Zúñiga.
Estos recursos provienen de dineros que no llegaron a usarse, por ejemplo, en pagos de horas extra, sustituciones y otros gastos relacionados al personal.
En noviembre pasado el OIJ recibió la autorización legislativa para el traslado del presupuesto a otros fines, pues ya no tenía tiempo para hacer otras inversiones, como compra de vehículos o equipo especial.
Ante esa situación, lo que se decidió fue el traslado de los recursos para la nueva instalación, que funcionaría como un nuevo circuito con la Fiscalía, en los sectores de Barrio Los Ángeles y Cristo Rey, en San José, además de mejores condiciones para sus oficiales.
Tras las diferencias con Hacienda, el director del OIJ ve como perdido el dinero y adelantó que buscarían incluso medidas como un recurso de amparo.
“No es dinero que estamos pidiendo extra, es dinero que ya teníamos dispuesto, y que las y los diputados manifestaron su voluntad de que OIJ pudiera hacer transferencias a lo interno, para que pudieran invertirse en lo que fuera de urgencia y necesario.
Ante la posibilidad de que se pierda ese dinero se le dijo a Hacienda de hacer un traslado a un fideicomiso, pero se negaron y siento que al final es un tema de que se quiere y no se quiere”, enfatizó Zúñiga.
MUERTES LIGADAS A GOTA A GOTA
De los 844 homicidios que registra a la fecha el país, 4 están relacionados a los préstamos informales. Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ durante la discusión del expediente 23.575 “Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota”.
Zúñiga señaló que las extorsiones a raíz de estos créditos clandestinos han ido en aumento, para este 2023 ya se superan los 400 casos, además de una cifra oculta de suicidios relacionados a estos delitos.
“Es un delito que viene incrementándose año con año. Desde setiembre de 2022 y hasta la actualidad, se han contabilizado 689 denuncias. También hay que tomar en cuenta una gran cantidad de personas que no denuncian por temor a represalias”, manifestó el director judicial.
El proyecto fue presentado por la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Gloria Navas Montero y el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Gilbert Jiménez Siles. Busca sancionar con una pena máxima de 4 a 12 años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado.
Si la persona que solicitó el préstamo es víctima de intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones según las normas del Código Penal, la pena será de 3 a 10 años de prisión.