En media crisis de seguridad que vive Costa Rica, el Gobierno de la República pretende recortarle más de ¢264 millones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Así fue denunciado por Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional.
“El OIJ dispondrá de ¢107.346 millones para el presupuesto de 2024, lo están disminuyendo en un 0,25%; es decir, en unos ¢264,5 millones. Es importante decir que la formulación del presupuesto es responsabilidad del Ejecutivo y en este no se incluyen ninguna de las necesidades o requerimientos de los que urge el Organismo.
Informes de ellos mismos indican que se requieren más de ¢16 mil millones para cubrir 600 plazas y equipamiento. Ni el OIJ ni los cuerpos judiciales pueden abordar el crimen organizado y hacer contención de la criminalidad si no tienen personal, insumos y recursos”, detalló
Ramírez adelantó que ella en conjunto con legisladores de distintas bancadas presentarán mociones para frenar los recortes.
“Como mínimo, necesitan ¢7.000 millones para equipos. Hacemos un llamado al Gobierno Central para que en la formulación de la relación de salarios, incluya 600 plazas que corresponden a ¢9.000 millones más. Es necesario darle prioridad a este tema. Si el Gobierno no tiene una estrategia, prioridades y una ruta de abordaje, desde la Asamblea Legislativa les daremos los requerimientos”, dijo la liberacionista.
PROYECTO DE LEY
En tanto, los legisladores analizan de dónde sacar la plata para reforzar a los cuerpos de seguridad del país.
El Partido Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de Ley para que al impuesto a las personas jurídicas no se le aplique la regla fiscal. Dicha situación haría que Hacienda tenga más recursos, los cuales deberán girarse a Seguridad Pública.
“Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas rigen un conjunto de normas que inhabilitan al Ministerio de Hacienda a presupuestar o girar recursos. Y eso es lo que han hecho este y el anterior Gobierno, no le pasan todos los recursos a Seguridad Pública, Justicia y Paz y OIJ”, precisó el Jonathan Acuña, diputado del FA.
Estimaciones señalan que desde 2021 hasta 2024, Hacienda no le pudo presupuestar ¢21.274 millones a los cuerpos de seguridad del país.
¿CÓMO ESTÁ EL PRESUPUESTO?
Para 2024 al Poder Judicial se le asignó un total de ¢491.269 millones. Desde Casa Presidencial afirman que presenta un crecimiento del 0,1% con respecto al presupuesto de 2023 por mayor cantidad de recursos asignados al Servicio de Defensa Pública.
Del monto total asignado, ¢66,3 millones están respaldados en ingresos propios de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas y ¢967,3 millones que se asignan al OIJ para el combate del crimen organizado.
Respecto a la distribución general, el 94,2% del Poder Judicial se destina a gasto corriente y 5,8% a gasto de capital.
El gasto corriente presenta un decrecimiento de ¢1.444,7 millones respecto a 2023, las principales por concepto de remuneraciones. También baja ¢666 millones en adquisición de bienes.
No obstante, se da un crecimiento de ¢1.949,1 millones en compra de maquinaria, equipos de cómputo y renovación de softwares entre otros.
El Poder Judicial cuenta con un total de 13.162 puestos para 2024, 13.150 por cargos fijos y 12 por servicios especiales. La planilla de cargos fijos muestra un aumento de 18 plazas.