Recortan ¢177 mil mills. de gasto público

Con 49 votos a favor y 1 en contra, los diputados aprobaron este martes en segundo debate el expediente 22.080, Segundo Presupuesto Extraordinario de la República. Con la iniciativa los congresistas dieron luz verde a una reducción en el gasto público de ¢177.787 millones, lo que supone un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, […]

Con 49 votos a favor y 1 en contra, los diputados aprobaron este martes en segundo debate el expediente 22.080, Segundo Presupuesto Extraordinario de la República.

Con la iniciativa los congresistas dieron luz verde a una reducción en el gasto público de ¢177.787 millones, lo que supone un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, aprobaron transferir ¢89.915 millones al Ministerio de Trabajo, ¢28.012 millones al Ministerio de Salud y ¢14.821 millones al régimen de Pensiones.

Asimismo, se le asignaron ¢39.915 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ¢42.833 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de mitigar el impacto de la rebaja en la base contributiva y en búsqueda de trasladarle dinero al régimen no contributivo de esa entidad. 

Sobre el bono Proteger, este plan de gastos contempla una designación de ¢50.000 millones para que se atiendan las necesidades de 200 mil personas que han visto su jornada laboral reducida o han sido despedidas de sus trabajos a raíz de la crisis sanitaria.

El diputado verdiblanco Roberto Thompson resaltó que al menos 3.361 familias van a poder contar con vivienda digna gracias a la aprobación de esta propuesta de ley.

La legisladora Karine Niño habló sobre la devolución de dinero que se les hizo a las asociaciones de desarrollo y señaló que con esto se busca no afectar a sectores sensibles que están ayudando en la atención de la emergencia. 

Esta es la segunda modificación presupuestaria que se aprueba en lo que va de este año. 

Algunos de los cambios importantes que introduce esa modificación presupuestaria es que obliga a instituciones a subejecutar el 10% del saldo disponible de su presupuesto. 

De esta norma quedan excluidas las instituciones que están a cargo de la atención de la pandemia. Además, establece el congelamiento de plazas en todo el sector público, se exceptúan aquellas entidades que atiendan la situación provocada por el Covid-19.