Récord histórico: 21 mil personas están encarceladas

La población penitenciaria de Costa Rica alcanzó las 21.173 personas adultas privadas de libertad al 7 de octubre de 2026, según confirmó el Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia y Paz. La cifra es la más alta de los registros aportados para los últimos años y refleja el crecimiento sostenido que enfrenta el sistema carcelario nacional.

En menos de cuatro años, la cantidad de personas recluidas en los centros penitenciarios pasó de 14.907 a 21.173, lo que representa un incremento de 6.266 personas, equivalente al 42%.

Los datos del Instituto Nacional de Criminología (INC) evidencian que este comportamiento se ha mantenido año tras año.

En diciembre de 2022 había 14.907 personas encarceladas, mientras que en 2023 la cifra aumentó a 15.769. Para 2024 llegó a 17.055 y al cierre de 2025 alcanzó las 19.221.

Sin embargo, durante los primeros meses de 2026 se registró otro incremento considerable, pues entre diciembre del año anterior y el 7 de octubre se contabilizaron 1.952 personas adicionales en el sistema penitenciario.

Este eEste escenario genera preocupación por la capacidad de los establecimientos carcelarios para atender a una población cada vez mayor.

Más personas en cárceles

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, explicó que el comportamiento de las estadísticas también responde a cambios en la manera en que se distribuye la población sometida a distintas medidas judiciales.

“El sistema penitenciario muestra una reconfiguración clara en la distribución de su población entre el 2022 y 2026, que ha tenido un crecimiento sostenido en los niveles de mayor restricción de libertad y reducción en los niveles de medidas alternativas y comunitarias”, manifestó.

Para el jerarca, el principal desafío se encuentra en los establecimientos cerrados, donde deben garantizarse las condiciones necesarias para custodiar a las personas que ingresan.

Aguilar señaló que, dentro del análisis general del sistema penitenciario, los centros de atención institucional concentran el mayor crecimiento absoluto y se han convertido en una prioridad para su administración.

“Los centros de atención institucional, es decir, las cárceles, los centros cerrados, concentran el mayor crecimiento absoluto (…) eso representa la mayor presión sobre la capacidad instalada que tenemos institucionalmente”, indicó.

El ministro también hizo referencia al sistema penal juvenil, que presenta un aumento relativo del 56%, aunque su población es considerablemente menor que la de los centros para adultos.

Crimen organizado entre las causas

El exviceministro de Seguridad Pública Walter Navarro considera que el comportamiento de las cifras debe analizarse junto con la evolución de la criminalidad y la respuesta de las instituciones encargadas de combatirla.

“Considero que el crecimiento de la población carcelaria en nuestro país se debe a varios factores, entre ellos el crecimiento lamentablemente del crimen organizado y la penetración en la sociedad costarricense”, expresó.

Navarro también destacó el papel de la cooperación internacional, particularmente en las investigaciones relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Según su criterio, el fortalecimiento de las investigaciones y la actuación de las autoridades judiciales han influido en la cantidad de personas que terminan recluidas.

“También el apoyo que ha venido dando el gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA, con muchísimo mayor capacidad de resolución y de investigación por parte de los cuerpos de seguridad”, señaló.

El exjerarca agregó que los tiempos de respuesta de los tribunales constituyen otro elemento que debe considerarse al analizar las variaciones de la población penitenciaria.

“También hay una variable importante que ha conllevado a que el número de personas privadas de libertad haya crecido y es la eficiencia o la rapidez que se ha venido generando en los últimos casos por parte del Poder Judicial”, sostuvo.

Advierten riesgo de hacinamiento

Más allá de las razones que explican el aumento, especialistas consideran necesario evaluar si los recursos destinados al sistema penitenciario avanzan al mismo ritmo que la cantidad de personas recluidas.

El abogado y experto en estupefacientes Adrián Quesada señaló que el incremento puede estar relacionado con una mayor actividad de las autoridades policiales y judiciales, pero insistió en que el encarcelamiento también implica obligaciones para el Estado.

“No se trata solamente de encarcelar personas, sino que más población privada de libertad significa mayor presión sobre infraestructura, seguridad, alimentación, atención médica y procesos de rehabilitación”, explicó.

Para Quesada, uno de los principales retos consiste en evitar que el aumento de las personas encarceladas termine afectando los esfuerzos destinados a prevenir nuevos delitos.

“Si el sistema penitenciario crece, pero no aumenta proporcionalmente su capacidad y sus programas de reinserción a la sociedad, podemos terminar administrando hacinamientos en lugar de reducir la reincidencia criminal”, advirtió.

El especialista considera que las políticas penitenciarias deben contemplar tanto el cumplimiento de las sanciones como las oportunidades para que quienes recuperen su libertad puedan reincorporarse a la sociedad.

¿Qué población se contabiliza?

Las cifras corresponden a personas adultas privadas de libertad en el Nivel de Atención Institucional, que incluye los Centros de Atención Institucional (CAI), el CAI Vilma Curling Rivera, destinado a mujeres, y las Unidades de Atención Integral (UAI)

No se incluyen las personas atendidas mediante medidas semiinstitucionales, supervisión comunitaria, monitoreo electrónico ni aquellas pertenecientes al sistema penal juvenil.

Los registros históricos de 2022 a 2025 provienen del Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología, mientras que la cifra más reciente fue suministrada por el Ministerio de Justicia y Paz.