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La administración de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) decidió no realizar cambios de fondo a los 44 señalamientos que realizó el Ministerio de Trabajo al documento de acuerdos de la convención colectiva que estaría vigente hasta 2024.
Tanto la presidencia ejecutiva de la refinadora, que no refina hace 11 años, y el Sindicato de Trabajadores Químicos, Petroleros y Afines (Sitrapequia) sostienen que los acuerdos tomados en las sesiones se deben respetar.
Tal como lo informó DIARIO EXTRA a finales de marzo, el ministerio hizo observaciones a 44 de los 128 artículos que componen la convención colectiva.
En los tres años de vigencia que tendrá la convención, la refinadora deberá desembolsar al menos ¢46.119 millones, es decir ¢15.376 millones anuales.
“En las observaciones que el Ministerio hace se señalan falencias en cuanto a aplicación de alguna ley o fallo de Sala Constitucional, ellos no obligan a renegociar cosas, sino que cuando algo no está conforme a la ley, se debe analizar y cambiarse, casi todos los señalamientos que se nos hicieron tenían que ver con cuestiones de forma y no de fondo”, dijo Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la refinadora ante una consulta de El Periódico del Pueblo.
REUNIÓN
Muñoz aseguró que la semana anterior tuvieron una reunión con el sindicato, donde conversaron los ajustes que se debían hacer al documento y lo reenviaron al Ministerio.
“El Ministerio no puede obligar a modificar lo negociado porque se cumple con la legalidad”, comentó el jerarca.
Tal parece que la administración de la refinadora se encuentra confiada en que el documento no será devuelto por segunda vez.
“Este es un procedimiento nuevo, no sabemos si se da otra devolución, cosa que no considero que sea así, porque la revisión como es de aspectos legales, lo que se hizo fue verificar que se cumpla con todo el marco legal que le ataña a una convención como Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, Código de Trabajo o fallos constitucionales, por ejemplo”, adujo.
“En la nueva convención bajó el aporte de un 8% a un 6,5% y se eliminaron los aportes que hacía la empresa para el pago de parte del personal administrativo del fondo, por ser inconstitucional, el aporte al fondo continúa porque hay una ley que obliga a hacerlo”, dijo el presidente.
POLÉMICA
El jerarca también se refirió a uno de los aspectos más polémicos de la convención: el pago de guardería y gastos médicos como ginecología, examen antígeno prostático y pago de servicios odontológicos.
“Todo el personal de odontología y el servicio son parte de los empleados de Recope, los odontólogos son parte de la planilla, lo que pagan los empleados son los materiales que se utilizan, no se atiende a familia, solo al trabajador, tampoco a los exempleados de Recope”, explicó Muñoz.
“En el caso de la guardería únicamente dos parejas estaban en esa condición, eran 4 niños y es un gasto anual. En el caso de servicios de ginecología, para quienes aplica es para aquellas mujeres que ganan ¢750 mil o menos, es decir unas 130 mujeres y no todas lo requieren, no es un gasto muy grande, entre todos los rubros de este tipo son no más de ¢10 millones al año”, añadió.
Según indicó el presidente ejecutivo, esperarían que, en un periodo máximo de un mes, la convención ya esté homologada.
• Alejandro Muñoz, Presidente Recope
“El peso más grande que tiene la convención es la anualidad, que significa el 62% de todo el costo, este es un componente del salario, lo que se debe hacer es aplicar la Ley de Finanzas Públicas, lo demás son gastos muy pequeños”.