Recope contabiliza 43 tomas ilegales de combustible
En lo que va del 2025
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) informó que, en lo que va del 2025, ha detectado e intervenido 43 tomas ilegales de combustible en distintas zonas del país, en coordinación con el OIJ, la Fiscalía y cuerpos policiales.
El dato se dio a conocer tras un reciente operativo realizado en Barranca de Puntarenas, donde se desarticuló una organización que extraía combustible de forma clandestina mediante una conexión ilícita al poliducto nacional.
Durante la intervención, las autoridades localizaron 22 pichingas llenas de combustible, un inhibidor de señal y un túnel conectado directamente al ducto, por donde el producto era desviado hacia una bodega privada. El volumen sustraído mensualmente equivalía a una cisterna de 32.000 litros, según estimaciones de Recope.
La presidenta ejecutiva de la institución, Karla Montero, advirtió que este tipo de actividades no solo generan pérdidas económicas al Estado, sino que representan un grave riesgo para las comunidades y el ambiente, debido al almacenamiento inadecuado y al potencial de incendios o derrames.
“Cada toma ilegal es una bomba de tiempo. Una chispa en una manguera defectuosa puede causar una tragedia”, advirtió Montero, quien también resaltó la importancia de las denuncias ciudadanas para frenar estos delitos.
Recope también reportó que ha participado este año en 21 allanamientos, todos realizados en conjunto con las autoridades judiciales, y reiteró el llamado a la población para reportar cualquier actividad sospechosa al número 1002, gratuito y confidencial.
Otro caso: toma ilegal en Alajuela
El pasado 6 de agosto, las autoridades realizaron un operativo en Río Segundo de Alajuela, donde fue intervenida una toma ilegal instalada en el poliducto de Recope, a escasos metros de viviendas y comercios. El punto de extracción representaba un riesgo inminente de incendio o explosión.
La zona fue asegurada por Recope en conjunto con el OIJ, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Migración, la Fiscalía y la Policía Municipal.
El perjuicio económico estimado supera los ¢100 millones, sin contar los costos asociados a inspección, reparación de daños e intervención operativa.
Balance desde 2020
Desde la entrada en vigencia de la Ley 9852, que penaliza el apoderamiento ilegal de combustibles, Recope ha presentado 848 denuncias ante el Ministerio Público.
Sin embargo, hasta la fecha solo 57 personas han sido sentenciadas por este delito.
Pese a ese panorama judicial, Recope mantiene una ofensiva constante contra estas estructuras criminales que ponen en peligro vidas humanas y recursos estratégicos del país.