
La Unidad de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto con la Fiscalía del II Circuito del Poder Judicial desarticularon una banda dedicada a robar en locales comerciales en todo el país.
La policía los vincula con al menos 33 delitos, para los cuales habrían reclutado oficiales de la Fuerza Pública, quienes colaboraban de diferentes formas en la operación de la banda.
Como parte del trabajo judicial, se realizaron 21 allanamientos en los que se detuvo a 24 personas, de las cuales 5 eran uniformados con amplia trayectoria.
De acuerdo con declaraciones de Mauricio Boraschi, fiscal a cargo de la unidad que investigó el caso, desde 2018 las autoridades le siguen la pista a la agrupación.
Las intervenciones criminales ocurrieron en tiendas, supermercados, zapaterías en horarios en que se encontraban vacíos. La pérdida estimada de dinero en robos asciende a los ¢740 millones y $18 mil, lo que sumado rondaría los ¢750 millones.
CAJERO AUTOMÁTICO
El caso más llamativo fue un asalto en un cajero automático en El Roble, Puntarenas, el 28 de abril de este año, del cual sustrajeron aproximadamente ¢60 millones.
Según Walter Espinoza, director del OIJ, ese fue el caso que más les ayudó a recoger información para realizar mayores aprehensiones por las evidencias que se obtuvieron en la escena posterior al hecho.
En los allanamientos cayeron 4 policías vinculados al golpe en el cajero automático del MaxiPalí porteño y el quinto por otro caso ocurrido en San José.
Los oficiales de la Fuerza Pública implicados son cuatro miembros de la delegación de El Roble: una mujer de apellidos Delgado Vargas, los hombres Rivas Esquivel, Vindel Cantillo y Vega Espinoza; así como un oficial de la delegación de El Carmen en San José, apellidado Beita Jiménez.
Entre las labores que tenían en la estructura era asegurarse de que no pasaran por el lugar más unidades policiales.
LOGÍSTICA FINA
Además arrestaron a un funcionario de la empresa de seguridad privada ADT y un guardia de una tienda de San José, quienes suministraban información sensible a la banda.
La red criminal incorporaba gente de conocimientos especializados en manejos de equipo de seguridad, construcción y cerrajería; así como individuos encargados de reclutar dentro de la Fuerza Pública.
El Diario del Pueblo se contactó con Daniel Calderón, director de la policía, ante la cantidad creciente de uniformados vinculados con organizaciones criminales.
El jerarca manifestó una afectación generalizada en la institucionalidad costarricense de vicios de corrupción y una búsqueda incesante de las agrupaciones por “encontrar las debilidades de los funcionarios” más allá de las propuestas económicas que les podrían ofrecer.
Trascendió que además cayeron los dos líderes de la agrupación, de apellidos Lamugue Pérez y Mora Abarca, quienes habrían participado en 17 y 15 de los 33 robos, respectivamente.
MODALIDADES
El modo de operación era escoger locales comerciales, forzaban ventanas y quitaban los candados, ponían unos nuevos y bajaban las cortinas mientras varios ladrones revisaban; otros entraban por el techo.
De igual forma alquilaban establecimientos cerca del punto que querían robar para hacer boquetes que conectaban con ellos.
En los allanamientos encontraron aparatos de comunicación, mercadería robada, medicamentos sustraídos listos para la venta, dinero en efectivo y armas de fuego, así como los camiones, carros y taxis que utilizaban para movilizar el producto robado.
En los operativos también encontraron uniformes con logos OIJ, los cuales usaban con el objetivo de hacerse pasar por autoridades oficiales como parte de la mampara de la organización en algunos golpes.
En apariencia las actividades de la banda iban más allá de los robos, pues resalta entre la evidencia encontrada una máquina para falsificar tarjetas de crédito conocida como skimmer y aparatos electrónicos para bloquear señales telefónicas.
Las pruebas obtenidas en los allanamientos permiten establecer relaciones internas, jerarquías que le dan carácter de un grupo criminal organizado.