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Varios privados de libertad mostraron al fiscal general, Carlo Díaz, moretones en distintas partes del cuerpo y denunciaron presuntas agresiones físicas dentro del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACCO), durante una visita realizada por autoridades judiciales y organismos de protección de derechos humanos.
Díaz afirmó que los relatos de los reclusos coincidieron con las denuncias que motivaron la inspección y señaló que algunos describieron las condiciones que enfrentan como tortura sistemática y violaciones a sus derechos humanos.
“Muchos de ellos nos enseñaron los diferentes moretes en diferentes partes del cuerpo”, manifestó el fiscal general, quien agregó que los privados de libertad también señalaron que habían sufrido lesiones durante los traslados.
Según explicó, los reclusos identificaron dos grupos de custodios, conocidos como escuadras A y B, y afirmaron que la primera sería más violenta. También denunciaron que reciben golpes después de manifestar inconformidades o protagonizar situaciones que las autoridades consideran comportamientos inadecuados.
Durante el recorrido, los funcionarios recopilaron señalamientos sobre otras condiciones del centro, entre ellas las limitaciones para recibir atención médica, comunicarse con familiares y defensores, acceder a visitas, estudiar o trabajar.
Los privados de libertad también cuestionaron las condiciones de higiene, la falta de privacidad en los baños y la vigilancia mediante cámaras en esos espacios. Además, denunciaron restricciones en las llamadas telefónicas, que, según sus relatos, se limitan a diez minutos por semana y a tres números previamente autorizados.
Díaz indicó que lleva varios nombres de personas que desean presentar denuncias, pero que no han podido hacerlo por sus propios medios. Por esa razón, anunció que la Fiscalía coordinará su traslado y realizará las diligencias correspondientes.
El fiscal general rechazó que la visita responda a una persecución o a un espectáculo, como había señalado el ministro de Justicia, y sostuvo que investigar posibles abusos de autoridad y tortura forma parte de las obligaciones del Ministerio Público.
“Cuando hay denuncias de abuso de autoridad y de tortura, que son delitos, por supuesto que ahí nos van a tener investigando”, afirmó.
Díaz recalcó que, aunque las personas privadas de libertad hayan sido condenadas por cometer delitos, mantienen sus derechos y deben recibir un trato conforme a la ley. Las denuncias recopiladas deberán ser investigadas para determinar las responsabilidades correspondientes.



