La problemática en torno a la licitación de las placas de taxi del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es de nunca acabar.
Múltiples demandas y juicios, unos ya fallados y otros por fijar fecha han hecho que el asunto esté complicado, no obstante, ayer el Tribunal Penal de Juicio de Alajuela trajo un poco de luz al rechazar la apelación a la medida cautelar ordenada por el juez Pablo Vargas Rojas.
Vargas, en su resolución del 11 de enero, ordenó suspender la formalización de 33 de los 100 ganadores de la licitación porque se les sigue un proceso judicial por haber entregado un título de inglés supuestamente falso. Por la existencia de ese proceso, el juez ordenó suspenderles el desarrollo de la formalización por 6 meses hasta que se determine su situación jurídica.
Para los otros 67 taxistas, el proceso podría continuar para que asuman la prestación del servicio.
Ante esa resolución, García interpuso la apelación a la medida cautelar. Según el abogado, no solo no está fundamentada, sino que violenta el principio de independencia judicial al reconocer la existencia de otra resolución judicial de un proceso de ejecución de sentencia en la jurisdicción contenciosa administrativa.
No obstante, el Tribunal de Juicio que conoció la apelación asegura que los reclamos no son de recibo, pues la administración de la justicia tiene el deber de asegurar los fines del proceso, y prevenir que la conducta delictiva (entregar supuestamente títulos falsos de inglés) se extienda y genere un gravamen mayor.
Por su parte, Enrique Rojas Franco, quien es parte del proceso dijo que respetaba la resolución de los jueces, pero no la compartía.
“Bueno, los otros taxistas que participaron en la licitación y que les dieron la concesión podrán seguir el proceso de formalización y podrán asumir el servicio en abril”, dijo Rojas Franco.