La rebaja de ¢10.000 millones que la Asamblea Legislativa aplicó al presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 2019 es inconstitucional.
Así lo manifestó el Consejo Nacional de Rectores (Conare) luego de recibir la notificación por parte de la Sala Constitucional que declara con lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los representantes universitarios.
Dichas acciones se rebajaron en las partidas N.º 60103 001 1310 3440 222 y N.º 60103 280 1310 3440 222 del artículo 2 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019.
Cuando se dio la aprobación de la Asamblea Legislativa, en noviembre de 2018, la presidenta del Congreso era Carolina Hidalgo Herrera.
El máximo Tribunal detalló que la Asamblea Legislativa carece de competencia para ejercer tal conducta y no existe el diferendo previsto en el artículo 85 de la Constitución Política.
REACCIÓN
Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), manifestó estar complacido desde el Conare, igual que cada una de las universidades públicas del país, por el voto de la Sala Constitucional.
Arias detalló que es importante el voto porque se basa en lo establecido en la Carta Magna que resguarda el financiamiento de los centros universitarios.
Dijo que ese artículo 85 debe verse con cuidado porque dice cuáles son las bases mínimas que deben tomarse en cuenta a la hora de acordar el financiamiento de las universidades.
A su vez, detalló que se establecen las bases mínimas que deberán tomarse en cuenta cuando se acuerde el financiamiento de las universidades y establece un procedimiento a nivel constitucional que da lugar a los acuerdos de la Comisión de Enlace. “Ese acuerdo al que se llega en la Comisión de Enlace, es un acuerdo que la Asamblea Legislativa después no puede modificar porque el artículo 85 de la Constitución Política así lo establece y es definitivo.
Solamente puede intervenir si hay diferendo entre las universidades y el Poder Ejecutivo. En el presupuesto de 2019 había un acuerdo que luego las y los diputados modificaron”, indicó.
El rector apuntó que la Sala Constitucional al declarar con lugar lo que se interpuso le dice a la Asamblea Legislativa que carece de competencias para modificar lo acordado en dicha Comisión de Enlace.
Los rectores están a la espera de que les compartan la totalidad del fallo constitucional.