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El 26 de mayo del 2011, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Constitución Política en su artículo 78 que obliga al Estado a destinar, como mínimo, un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación.
Pero lo cierto es que ese monto nunca se ha destinado completamente para este fin. En el Presupuesto Nacional para 2025, rondó un 4.9% del PIB, cerca de ¢2.6 billones y para el 2026, el Gobierno anunció un aumento de ¢200 mil millones para un estimado de 5,6% del PIB, según el jerarca de Hacienda, Rudolf Lücke.
El Décimo Informe Estado de la Educación (EE) insiste en la necesidad de cumplir con la Constitución.
Según el EE, en 2017, el país alcanzaba un 93,7% de la obligación constitucional del 8% del PIB, pero luego bajó en 30 puntos porcentuales en solo siete años.
¿Por qué sería necesario?
Dagoberto Murillo, investigador del Informe, indica que los cálculos más recientes muestran que, únicamente para atender cuatro pilares prioritarios como cobertura y equidad, ambientes de aprendizaje, docentes idóneos y aprendizajes de calidad, el país requeriría alrededor de un 8,5% del PIB.
“La respuesta es que sí se necesita el 8%. Incluso con estas metas acotadas, ya se proyecta que el país requeriría un porcentaje mayor para responder a las necesidades reales del sistema educativo”, explicó Murillo.
El investigador señaló que el aumento debe implementarse de manera gradual, con incrementos anuales sostenidos, y advirtió que mantener los niveles actuales es insuficiente.
Por otra parte, el escenario ideal requeriría al menos un 8,5% del PIB, destinado a universalizar el currículo completo en primaria, incluyendo contratación de personal y construcción de infraestructura, lo que supone una inversión aproximada de 1,6%. A esto se suma la necesidad de atender órdenes sanitarias en cientos de centros educativos, que demanda al menos un 1,3% adicional, lo que significa que solo estas dos medidas implicarían un 2,94% del PIB en inversión urgente.
Por último, los comedores escolares, becas del programa Avancemos, bibliotecas, centros de recursos para el aprendizaje y el financiamiento básico que ejecutan las juntas de educación, cada uno de los cuales requeriría al menos un 0,11% del PIB.
No es real
El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, por medio de un artículo de opinión publicado en este medio argumentó que Costa Rica ya cumple con un nivel de inversión educativa elevado y que el debate sobre alcanzar estrictamente el 8% del PIB puede ser engañoso si no se considera el contexto fiscal y la eficiencia de los recursos.
Según señaló en su escrito, en 2023, Costa Rica destinó 5,4% del PIB a educación, cifra que supera el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ronda el 5%.
Ese mismo año, el 39% de todos los ingresos tributarios se destinó a educación, mientras que el promedio OCDE fue del 26%.
A nivel internacional, la Declaración de Incheon recomienda dedicar entre 15% y 20% del presupuesto público al sector educativo; Costa Rica ya llega al 20%.
Acosta explicó que más gasto no garantiza mejores resultados.
“No basta con asignar más dinero si seguimos formando estudiantes bajo un modelo del siglo pasado. La inversión debe orientarse a competencias tecnológicas, pensamiento crítico, idiomas y habilidades blandas que respondan a un mercado laboral cambiante y altamente competitivo. Hablar de gasto sin hablar de contenidos es condenar a la educación a la irrelevancia”, señaló Acosta.