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El rastreo de criptoactivos y la obtención de información de plataformas ubicadas fuera de Costa Rica plantean retos para investigar delitos vinculados con organizaciones criminales, según autoridades del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las dificultades incluyen identificar el recorrido de fondos, gestionar su congelamiento y reunir evidencia que pueda explicarse ante los tribunales. Miguel Ramírez, jefe de la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia, señaló que la capacitación y la cooperación internacional son necesarias para atender estas investigaciones.
“Hoy tenemos que aprender un vocabulario técnico para poder explicarles a los jueces de qué estamos acusando, qué estamos visualizando”, afirmó el fiscal, quien indicó que la formación debe extenderse a fiscales, jueces e investigadores.
Las investigaciones sobre estafas informáticas han permitido identificar organizaciones con líderes, administradores, personas que facilitan cuentas y encargados de retirar o legitimar dinero. Sergio Rodríguez, jefe de la Sección de Fraude Informático del OIJ, explicó que estos delitos no se limitan a individuos que envían mensajes desde sus casas.
El investigador señaló que los recursos obtenidos mediante estafas podrían financiar otras actividades delictivas y estructuras de mayor alcance, incluso internacionales.
“Hay diferentes funciones y roles dentro de esa actividad criminal, como los puede haber en el tráfico de drogas, como los puede haber en otro tipo de delitos. Nosotros hemos identificado todos estos roles y les hemos dado la relevancia necesaria dentro de las investigaciones”, manifestó Rodríguez.
En materia de activos virtuales, Ramírez mencionó que los criminales utilizan las criptomonedas como un mecanismo para almacenar el dinero proveniente de las actividades ilícitas, incluso realizar transferencias internacionales. Señaló que buscar elementos como las billeteras frías o frases semilla se está volviendo parte de las funciones de los investigadores al momento de realizar allanamientos.
También identificó la trazabilidad como una de las principales dificultades. Explicó que la multiplicidad de plataformas y su ubicación en distintas jurisdicciones complican las gestiones para conseguir información.
El fiscal planteó la necesidad de fortalecer los canales de colaboración con esos proveedores y contar con mecanismos para inmovilizar fondos asociados con investigaciones.
“Todas las plataformas que manejan activos virtuales tienen que estar sincronizadas bajo el término de poder entregar la información que corresponda”, sostuvo Ramírez, al explicar la coordinación que considera necesaria para seguir las transacciones.
La actualización también comprende el análisis de dispositivos electrónicos y la incorporación de herramientas para procesar información. Rodríguez indicó que el OIJ recibe formación internacional y adquiere tecnología para mantener sus capacidades frente a los cambios utilizados por los delincuentes.
Ambos funcionarios coincidieron en que la evolución tecnológica exige preparación permanente. En el caso policial, el trabajo incluye el desarrollo de herramientas propias para apoyar las investigaciones.
“No podemos quedarnos con lo que tenemos, siempre nos representa un reto estar actualizados. Nosotros mismos en el OIJ estamos desarrollando inteligencia artificial propia para poder realizar investigaciones”, explicó Rodríguez.
Ramírez pidió sostener los presupuestos tecnológicos y ampliar la capacitación a quienes investigan, acusan y juzgan estos delitos. También señaló que las instituciones públicas necesitan fortalecer su ciberseguridad, incluidas las municipalidades y los distintos poderes del Estado.
El fiscal destacó que la colaboración con entidades privadas permite acceder a capacidades que el Ministerio Público no podría financiar por sí solo. Consideró que la inversión debe acompañarse de coordinación entre instituciones y preparación de los usuarios.
“Hoy tenemos que capacitar permanentemente en esta materia a todas las personas usuarias de los sistemas y a todas las personas que institucionalmente tengan a su mano sus tecnologías en alto nivel”, expresó.
Según Ramírez, el Ministerio Público cuenta con cuatro fiscales certificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una especialidad en “criptología”, la cual contempla la forma en que funcionan las nuevas tecnologías.
Miguel Ramírez
Jefe de la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia
“Hoy utilizan plataformas que no están en Costa Rica, plataformas que se encuentran en Dubái, plataformas que se encuentran en Oriente, plataformas que se encuentran en países donde no tenemos la capacidad ni diplomática ni militar para ingresar”.
Sergio Rodríguez
Jefe de la Sección de Fraude Informático del OIJ
“Estamos adquiriendo tecnología para poder hacer análisis de dispositivos electrónicos. Siempre estamos tratando de actualizarnos y estar a la altura de lo que la tecnología va avanzando y que, lamentablemente, esa tecnología también la utilizan los delincuentes para cometer delitos”.

