Representantes de radioemisoras culturales, religiosas, afiliadas y no agrupadas a la Cámara Nacional de Radios (Canara) se dieron cita ayer en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), donde le solicitaron al jerarca y al viceministro de Telecomunicaciones, Alejandro Cruz y Rowland Espinoza, respectivamente, que presionen “políticamente” a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que cierre las radioemisoras ilegales, empezando por Cielos Abiertos.
Los presentes en la cita indicaron a Cruz y Espinoza que la Sutel incumple los plazos para analizar casos y emitir sus resoluciones, pues en lo que respecta a Cielos Abiertos duró dos años en hacer todo el proceso, en el que inicialmente concluyó que se debe cerrar y cesar funciones, pero tras una apelación de la radioemisora, que no tiene una frecuencia asignada, la Sutel cambió de parecer y se echó atrás con la anulación de la resolución anterior.
Según datos preliminares de Canara, en todos el país existirían cerca de 137 radioemisoras ilegales o clandestinas, las cuales funcionan, afectando a las que pueden explotar las frecuencias, al tiempo que las “piratas” no pagan una concesión por el uso del espectro.
DESIGUALDAD E ILEGALIDAD
Hernán Azofeifa, gerente general de Central de Radios, comentó que además del tema de la ilegalidad de las “piratas”, hay un asunto de desigualdad de competencia, al tiempo que puede haber una distorsión del mercado, pues las legales deben hacer frente a la tramitología establecida para poder operar, la cual es obligatoria y que las clandestinos incumplen.
“Los que estamos operando legalmente tenemos una normativa que respetamos. Si alguien hace una difamación en una radio legal hay un patrimonio y una empresa seria a la cual se puede llegar y hacer la demanda, pero en este caso de emisoras (ilegales) no se sabe a quién”, denunció Azofeifa.
ENVIARÁ CARTA
Tras escuchar a cada una de las partes, Cruz dijo que hoy enviará una carta a la Sutel, en la cual se le instará a revisar el caso, aunque recordó que el Micitt no puede aplicar sanciones sino que dicha sanción le fue concedida a la Superintendencia.
Al mismo tiempo recomendó a los radiodifusores enviar carta a la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por ser el superior jerárquico de la Sutel y la próxima semana arrancará una serie de reuniones en el Micitt para analizar más del tema.
Gustavo Piedra, presidente de Canara, declaró: “Les hicimos ver a las autoridades del Micitt del descontento, de la frustración, de la impotencia que sienten los operadores legales que cumplimos con nuestras obligaciones tributarias.
Fuimos enfáticos en que le exigimos a la Sutel que haga valer el Estado de derecho, pues tiene el instrumento para el cierre definitivo de estas operaciones ilegales.
Lo que exigimos es el cierre inmediato de los operadores ilegales, lo que sería una buena señal, y que la gente se dé cuenta que estamos dispuestos a hacer valer la ley”.