La empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa) continúa con la política de guardar silencio acerca de cualquier tema referente a la instalación y administración del Sistema de Inspección No Intrusivo (SINI), más conocido como escáner.
El pasado 22 de enero, en la sesión de la junta directiva de la entidad, se volvió a discutir el asunto, sin embargo, se acogieron a la cláusula de confidencialidad.
En el artículo 6 del acta de la sesión, se plantea que las discusiones referentes a los escáneres gozan de un acuerdo de confidencialidad otorgado por el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6593 del 19 de setiembre de 2023.
Así, esta es la primera discusión del tema en la junta directiva de Racsa desde que el 20 de diciembre de 2023 la Contraloría General de la República (CGR) frenara el convenio que permitía a esta compañía la instalación y administración de escáneres en puertos y aeropuertos del país, debido a problemas legales en los procedimientos de adjudicación.
Dicho proceso también está siendo analizado en la Procuraduría de la Ética y en el Ministerio Público, gracias a una solicitud realizada por varios diputados de la Asamblea Legislativa.
Sobre este tema, DIARIO EXTRA realizó una consulta a Racsa este 29 de abril con el fin de saber si esta discusión significaba que continuarían con el proyecto, a pesar de las objeciones legales planteadas por la Contraloría, y qué cambios realizarían para adecuarse a lo establecido por el órgano contralor.
La compañía respondió el 6 de mayo y explicó que “según indica el artículo 6 de la sesión ordinaria N.º 2474 de junta directiva, celebrada el día 22 de enero de 2024, se conoce la declaratoria de confidencialidad del Caso de Negocio para el Servicio de Sistema de Inspección No Intrusivo (SINI) en puertos marítimos y fronteras terrestres, verificándose que el mismo se encuentra cubierto por la Declaratoria de Confidencialidad realizada por el Consejo Directivo del ICE, por lo que la Empresa no puede compartir información asociada a este tema”.
LICITACIÓN DE
OPERADORES DEL 30 DE ABRIL
El 30 de abril, posterior a la sesión de la junta directiva, se publicó un proceso licitatorio en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para contratar una empresa que se encargue de la operación de los tres escáneres que se encuentran en APM Terminals en Moín, Limón.
Racsa busca que la empresa contratada provea cinco operadores por cada turno para cada uno de los tres escáneres que tiene el Puerto. En el cartel se indica que la operación debe hacerse 24 horas al día durante los siete días de la semana.
Además, cada cuadrilla tiene que contar con un líder que supervise las actividades diarias en los escáneres, asegurando que se lleven a cabo de manera segura y eficiente, así como coordinar todo lo pertinente de la operación con Racsa, APM y el Ministerio de Seguridad Pública.
Uno de los requisitos para ser contratado es hacer una declaración jurada donde se especifique que se posee experiencia de al menos seis meses en la operación de los equipos, lo que reduce los posibles participantes.
ESCOGEN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
El proceso al que Racsa se acogió es un mecanismo especial que permite el artículo 68 de la Ley General de Contratación Administrativa para simplificar y reducir los tiempos de los trámites.
Dicho artículo está diseñado para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sus subsidiarias y el Instituto Nacional de Seguros (INS). Dado que Racsa es una subsidiaria de Grupo ICE, aplica la norma.
El experto en Derecho Contractual Público, Iván Calvo, manifestó que en este caso el procedimiento especial se diferencia de los ordinarios porque reduce los tiempos, por ejemplo, el plazo para recibir las ofertas es apenas de cinco a 15 días, mientras que en un ordinario el tiempo es mayor a los 15 días hábiles.
En el caso en cuestión, Racsa dio plazo de cinco días, los cuales vencen el 8 de mayo. Hasta el momento no consta en Sicop ninguna empresa que haya participado en la licitación.