En la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa trabajan de manera expedita con el objetivo de en no más de 15 días tener aprobado un proyecto que impone fuertes sanciones a aquellas personas que participen en actos racistas durante actividades deportivas.
Lo primero fue aprobar un texto sustitutivo del expediente 20.159 que viene a reformar dos leyes, la de Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos (No.9.145) y la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (No.7.800).
El principal objetivo es que a nivel nacional exista un sistema de educación, prevención y sanción contra los hechos de violencia y actos de racismo en eventos deportivos oficiales y de competición.
De manera clara impedirá el acceso a las actividades deportivas a los que alteren el orden público, exhiban material racista o xenofóbico, así como el ingreso de pólvora y el consumo de alcohol o drogas.
SANCIONES Y MULTAS MUY FUERTES
Este nuevo texto sobresale por lo contundente de las multas y las sanciones. Los afectados serán tanto espectadores como deportistas y dirigencia si no cumplen.
Los que manifiesten insultos racistas o promuevan violencia desde tres horas antes y tres horas después de una actividad deportiva y en esta podrían quedarse hasta 4 años sin entrar a un estadio.
Si una agrupación deportiva no acata la ley se le puede hacer una clausura temporal hasta por 5 jornadas o de manera completa.
Pero si la dirigencia permite los actos, las multas van desde los ¢2 millones hasta los ¢4,5 millones (de 5 a 10 salarios base).
Si el infractor es un atleta, árbitro o juez deportivo la sanción va de 1 a 4 años y se les puede retirar de por vida la licencia deportiva si es reincidente.
PEOR SI SE CAUSAN LESIONES
Si la participación activa en actos de racismo y conductas violentas causa lesiones a personas o grupos se elevan los castigos.
Si se dan en el deporte profesional la multa iría de ¢4,5 millones a ¢9 millones (de 10 a 20 salarios base), pero si es en deporte aficionado se sanciona con ¢2 millones a ¢4,5 millones (de 5 a 10 salarios base).
En caso de que el infractor sea socio de una agrupación deportiva puede perder esa calidad de por vida.
Ayer los legisladores recibieron a Alejandro Sequeira, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Costa Rica (Asojupro), y Donny Grant, vocal de esta agrupación.
Sequeira se mostró feliz de hacer historia porque solo en España hay leyes de este tipo. “Apenas se apruebe esto la familia volverá al estadio porque se darán las medidas necesarias para que la gente pueda ingresar sin ningún problema y estar en paz. Llega en un momento oportuno por lo que hemos vivido. Estamos contentos y esperamos se apure para su aprobación”.
Por su parte, la diputada María José Corrales detalla que “no es crear una ley nueva, sino modificar dos leyes. Así es más simple su tramitología. Por supuesto que hay voluntad política. Lo hemos demostrado desde la presidencia de esta comisión y todos los miembros han dejado las banderas de lado pensando en el beneficio a la sociedad”.