Se incluiría una nueva línea sobre responsabilidad parental.
De forma unánime, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia avanzó con un proyecto para quitar la patria potestad a los padres de familia o encargados legales de un menor de edad que no denuncien relaciones impropias.
RELACIONES IMPROPIAS
De acuerdo con la Ley 9.406, hay distintos tipos de relaciones impropias: la primera es cuando un menor de edad, mayor de 13 años y menor de 15, tiene una relación sexual con un adulto al menos 5 años mayor. Para ese caso particular, habría prisión de 3 a 6 años.
El segundo es cuando el menor de edad es mayor de 15 años y menor de 18 y sostiene un ligamen sexoafectivo con una persona al menos 7 años mayor. Aquí aplicaría una pena de 2 a 3 años.
Finalmente, se establece de 4 a 10 años de cárcel cuando la relación sea con un tío (a), hermano (a), primo (a) por consanguinidad o afinidad, tutor (a) o cuidador (a) o se encuentre en posición de confianza o autoridad respecto al menor o su familia, medie o no relación de parentesco.
EL PROYECTO
La iniciativa busca reformar dos artículos del Código de Familia y uno del Código de la Niñez y la Adolescencia, con el fin de que se castigue a los encargados legales que permitan relaciones impropias entre un menor de edad y un adulto.
Además, se incluiría una nueva línea sobre responsabilidad parental para “proteger a los menores frente a cualquier tipo de violencia”, incluyendo estas relaciones.
“Este proyecto de ley es necesario para frenar el tema de relaciones impropias. Si bien están tipificadas como delito y son contrarias al marco jurídico, los padres o tutores tienen la responsabilidad de velar por sus hijos. Parece que en algunos sectores se ha normalizado este tipo de vínculo afectivo, sin embargo, no debe pasar”, dijo Jonathan Acuña, diputado del Partido Frente Amplio (FA).
DATOS
De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, entre 2017 y 2020 se reportó un aumento sostenido en la cantidad de denuncias registradas, llegando a 4.062 en ese último año.
A nivel del territorio nacional, el registro de denuncias por relaciones impropias llega a más de 200 en 10 de los 15 circuitos judiciales, alcanzando 700 en el de mayor incidencia y más de 400 en los dos circuitos que le siguen.
SEÑALAMIENTOS
Apesar de que la mayoría de las instituciones se pronunciaron a favor, hubo criterios respecto al plan de ley.
Uno fue emitido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual señala que la reforma refuerza la protección de los derechos de los menores, sin embargo, “(…) es importante considerar si existen los recursos adecuados para implementar la reforma de manera efectiva.
Esto incluye la capacitación de profesionales, el fortalecimiento de los sistemas de denuncia, la asignación de fondos para programas de prevención y apoyo a las víctimas. Aunque es crucial proteger a las niñas, niños y adolescentes de relaciones impropias, también es importante garantizar que se respeten sus derechos legales y su privacidad durante cualquier proceso legal o de intervención.
Se deben establecer salvaguardias para garantizar que las medidas de protección no vulneren sus derechos, ni los de sus familias, educación y sensibilización”, señalaron.
Desde la UCR indicaron que es fundamental invertir en programas de educación y sensibilización que aborden las causas de las relaciones impropias.