Guatemala. (AFP) – La fiscalía de Guatemala pidió quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de autorizar pagos ilegales a constructoras, en un nuevo capítulo de la larga disputa que tiene con el mandatario.
“Se presentó a la Corte Suprema la solicitud de retiro de antejuicio en contra del señor presidente, para ser investigado por abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución, recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad”, dijo el fiscal Rafael Curruchiche, en conferencia de prensa.
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, la ley establece que, si la Corte da luz verde al proceso, debe remitirlo al Congreso, el cual toma la decisión sobre la inmunidad.
El fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupto y antidemocrático, acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a Jazmín de la Vega, exministra de Comunicaciones, los pagos de contratos a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción.
ANTECEDENTE DEL CASO
El caso contra Arévalo se deriva de una denuncia presentada el 16 de julio, por Ricardo Méndez Ruiz, de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, también sancionado en Washington por corrupto.
El fiscal presentó un audio de una conversación en mayo entre el mandatario y la entonces ministra que fue divulgado por la prensa local.
En la charla, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pagar a empresas conforme a un listado acordado.
A inicios de agosto, Arévalo confirmó la veracidad del audio y señaló que los listados se elaboraron para pagar, tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución.