Un proyecto de ley pretende eliminar un 0,25% del aporte patronal que está dirigido para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
La iniciativa es impulsada por Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) y respaldada por la bancada naranja.
Por ley, se establece que dicho monto sea dirigido al ROP, sin embargo, el liberal asegura que no está siendo trasladado, sino que se está quedando en manos del Banco Popular.
Se concluye de este análisis que, el desvío de los fondos por dos años hacia el Banco Popular no tiene una razón justificable. Los trabajadores no están percibiendo un beneficio de esto, sino que, por el contrario, podrían estar siendo afectados hasta en un 7% de su pensión.
“El único objetivo del recorrido del dinero es para fortalecer el patrimonio del banco, pero ¿requiere realmente el Banco Popular seguir fortaleciendo su patrimonio “ad perpetuam” con fondos de bajo costo? Lo que se pudo haber justificado al momento de la fundación del banco para capitalizarlo ¿sigue siendo válido 52 años después?, ¿se justifica que los trabajadores pierdan hasta un 7% del monto de su pensión para fortalecer el patrimonio de un banco público que tiene acceso a otros recursos de bajo o nulo costo? (cuentas corrientes)”, justifica el diputado.
Según Feinzaig, dicho 0,25% es un financiamiento gratuito que se otorga al Banco Popular y se convierte en “una ventaja de la que no gozan otros bancos estatales y privados”, por lo que “debería ser eliminado para que los recursos pasen directo a las pensiones complementarias”.
“Debe hacerse expedito e inmediato el traslado de los recursos aportados por el trabajador y el patrono al fondo de pensiones, de manera tal que el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) remita los recursos en forma directa e inmediata a la operadora de su preferencia.
Estas medidas transitorias buscan garantizar que el Banco Popular pueda adaptarse en cuanto a su composición de cartera y preparar estrategias para la captación de fondos en el mercado, de ahí que se apliquen en forma gradual, ordenada y transparente, con el plazo suficiente. Al reducir el costo del empleo en 0,25% del salario para los patronos, estas medidas incentivarían la contratación en la formalidad y otorgan más empleabilidad a los trabajadores”, plantea.
Además, agregó que dicha medida se apega a las recomendaciones señaladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).