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Marco Alfaro, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Asamblea Legislativa, R.L. (Coopeasamblea, R.L.), asegura que dentro y fuera del Congreso hay partes interesadas en la quiebra de esta para no soltar perros amarrados por más de ¢100 millones, que llevan años acumulando intereses.
Asimismo, dijo que la organización se administró de la peor manera al otorgar créditos sin garantías y con negocios de “amigos”, por lo que no le extraña que intenten boicotear un refinanciamiento de ¢2.500 millones que buscan con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el Banco Nacional.
A continuación, un extracto de la entrevista que Alfaro brindó a DIARIO EXTRA.
¿Cuál es la situación de Coopeasamblea?
-Hemos hecho un cambio radical en la cooperativa desde marzo de 2020. No se puede negar que la cooperativa viene de un proceso difícil por situaciones en las que hubo muchas irregularidades, pero está en franca recuperación. Hemos venido ejecutando un plan de saneamiento y obteniendo excelentes resultados.
¿A qué se refiere con irregularidades? ¿Cómo encontraron la cooperativa?
-Descubrí algunas cosas serias y se confirma con un informe forense. Primero, había un sistema informático totalmente alterado, manejado, administrado y diseñado por el gerente de aquel momento, donde se manejaban las cifras a placer; estados financieros que no reflejaban la realidad y se ajustaban las cifras y balances totalmente maquillados, e incluso informes y morosidades falsas. Vinimos a depurar todas las tablas de pago y a demostrar que lo que enviaban al Infocoop en los informes de alerta temprana era falso. Los datos que le mandaban al Banco Nacional decían que estaban siempre al día y no era cierto. Cuando asumí la gerencia depuramos y arreglamos. La información del sistema no se apegaba a la realidad. Quitamos todas las cuentas basura. Usaban cuentas para simular gastos. Reflejaban excedentes irreales, siempre reelegían al consejo de administración y repartían platas con base en excedentes falsos. Hubo una pérdida de periodos anteriores de ¢3.342 millones. La cooperativa perdió el 100% de su patrimonio. Eso se comió el 100% del capital social porque tuvimos que ajustar todas las partidas y limpiarlas quitándoles toda la suciedad. Cuando terminamos ese proceso de depuración acudimos al Banco Nacional a pedirle una readecuación. Son ¢6.400 millones de deuda.
¿Les dejaron una cooperativa quebrada?
-Las cooperativas no quiebran, pero sí la encontramos en números rojos. El capital social de ¢1.700 millones se consumió en un 160% con la pérdida de los ¢3.342 millones. Es simple, cada asociado perdió el 100%.
¿Hubo diputados que recibieron créditos de forma irregular? ¿Hay morosos?
-No hay nada con diputados, todos fueron en forma correcta. No hay morosidad por parte de exdiputados o diputados.
¿De funcionarios o directores?
-Por supuesto que sí. Hay personas que se fueron de la Asamblea Legislativa debiendo sumas enormes que estamos cobrando administrativa y judicialmente. Hay funcionarios de la Asamblea que están morosos, en cobro judicial y han sido denunciados ante el Ministerio Público. Muchos adquirieron créditos más allá de sus posibilidades, no pueden pagar y quieren que le vaya mal a la cooperativa.
¿De qué montos estamos hablando?
-Hay más de uno con ¢100 millones en morosidad. La mayoría eran parte del consejo de administración, comité de vigilancia y allegados. Hay una buena parte que está en cobro judicial, pero con muy poca probabilidad de recuperar porque las garantías eran muy débiles.
¿Garantías débiles?
-¡Claro! Fianzas cruzadas o créditos sin garantías. Hubo operaciones que no aparecen en balance. No puedo negar que la cartera estaba una situación mala. Era como un 74% en morosidad y la hemos bajado un 25%. Hemos mejorado la gestión de cobro y las cifras de recuperación que estaban en ¢100 millones las hemos elevado a ¢900 millones. Se ha hecho un esfuerzo grande de cobro, antes no se hacía gestión de cobro.
¿Por qué?
-Todos eran amigos, entonces no les cobraban. Encontramos gente a la que por cuatro años no le cobraron. Eso era parte de los problemas. Buscamos apoyo de Coopealianza y Coopenae, firmamos un plan de normalización donde la primera etapa es que estas cooperativas aportan ¢800 millones para fortalecer el fondo de cesantía. Hemos hecho un cambio radical.
¿En qué etapa está ese fondo actualmente?
-Absolutamente solvente y podemos atender cualquier retiro de cualquier empleado que termine su relación con la Asamblea. Ahora somos inversionistas y tenemos muchísima liquidez. La cooperativa está pagando religiosamente y está al día con todas sus obligaciones. Cuando llegué aquí tenían 22 días sin pagar los salarios. Se había dispuesto de toda la reserva de liquidez, que en su tiempo eran ¢600 millones. Tenían ¢2.000 millones de inversionistas a los que no les podían devolver su dinero y hoy no le debemos absolutamente a nadie. Restituimos la reserva de liquidez y volvimos a enviar la información auditada a Infocoop. Ahora estamos a la espera de que nos vaya bien con los ¢2.500 millones solicitados. Nunca se nos ha negado el crédito. Antes se archivó la solicitud, pero se capitalizó, recuperamos el 80% del capital y cerramos con excedentes.
¿Por qué Infocoop no les ha otorgado los ¢2.500 millones?
-Hay que ser claro, Infocoop nos ha ayudado en todo, pero mandos medios del área de Financiamiento siguen objetándolo sin ningún tipo de fundamento técnico y legal. El área de Asistencia Técnica del Infocoop recomendó el crédito. La cooperativa tiene viabilidad técnica financiera y ya fue demostrada por el Banco Nacional. Incluso ya nos aprobaron en condiciones excelentes, pero nos piden capital fresco desde el Infocoop. La junta directiva ha querido apoyar y ha estado hombro a hombro con nosotros, pero hay reticencia por parte de mandos medios del área de Financiamiento. No sabemos por qué ha sido nuestra piedra en el zapato. El único que ha saboteado el crédito es el área de Financiamiento. Una operación que dura tres meses lleva 10 y no ha salido aún. Infocoop nunca nos ha negado ayuda. Estamos en buena posición, pero necesitamos esa plata para seguir operando. Tenemos viabilidad financiera. El proceso está caminando, pero hay partes interesadas en que cierre la cooperativa.
¿Quiénes?
-Los que están denunciados ante el Ministerio Público, algunos que recibieron créditos en condiciones irregulares y algunos funcionarios morosos de la Asamblea. Quieren dañar la cooperativa para que no les cobren.