“Quieren desmantelar competencias y funciones de la Contraloría”

La Contraloría General de la República considera que el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, le quiere restar poder en su misión como fiscalizador tras presentar la “ley jaguar”. 

La reacción del órgano contralor no tardó en llegar luego de que el Gobierno llevara el proyecto a la Asamblea Legislativa, como un paso más hacia el referendo. 

Según el documento presentado por la cabeza del Gobierno, la ley jaguar permitirá fortalecer y aclarar el ejercicio de fiscalización y control de la Contraloría. 

“Es evidente que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría”, aseguró la contralora general Marta Acosta. 

“Suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que les pertenecen a todos los costarricenses”, puntualizó. 

En la entidad aseguran que el proyecto va en contra de principios como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública. 

“Son conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, argumentó.

FALACIAS E IRRESPETO 

La contralora califica como un irrespeto las afirmaciones de Chaves contra ella en el último año hasta llegar al punto de crear una ley para contrarrestar su trabajo.

“Como ha sido la norma en los argumentos del presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo operan el Estado y la Contraloría General”, manifestó. 

“Así como con ataques alevosos a mí como contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica”, puntualizó.

En cuanto a los pasos a seguir por el órgano contralor de cara a esta propuesta, Acosta prefiere realizar un análisis profundo.

“Debemos señalar que el tema merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto y, como es habitual en la Contraloría General, lo haremos con la profundidad y responsabilidad que amerita”, acotó. 

APUESTA POR INSTITUCIONALIDAD

A principios de mayo Acosta, durante un foro de anticorrupción en infraestructura vial de la Universidad de Costa Rica (UCR), aceptó que el proceso para poner en marcha proyectos puede volverse largo, pero es necesario al estar en juego el dinero del Estado. 

“Desde cómo elaboramos un cartel, cómo escogemos un procedimiento, son muchos temas de planificación, hasta las expropiaciones. Muchos de los proyectos inician y no estamos listos. Ahora tenemos una nueva ley de contratación pública y tiene muchas exigencias”, dijo el 5 de mayo. 

“Obliga a planificar, a llevar adelante el ciclo de vida de los proyectos. Requerimos un cambio de cultura, entender que debemos planificar, entender que son recursos públicos. Hay necesidades de la ciudadanía que debemos satisfacer con estas obras”, puntualizó. 

A la vez el ente contralor fue enfático en que una nueva obra pública requiere controles al presentarse una competencia entre diferentes empresas. 

“La Contraloría aporta con su conocimiento y experiencia el revisar los carteles. Esto es un tema de competencia. Un participante cuando siente que el cartel le afecta puede la Contraloría resolverlo”, señaló. 

“Eso trae transparencia al proceso, fortalece la competencia y hace que las especificaciones de los proyectos sean las correctas para satisfacer una necesidad. 

Nos aseguramos de darle el mejor valor al dinero, por lo cual es importante la competencia que la ley nos da”, recalcó.