
Después de décadas estudiando el tema de las externalidades de la contaminación ambiental, siempre tengo esta pregunta: ¿a quiénes les afecta más la contaminación? ¿Por qué a ellos? La respuesta duele: son los niños y los ancianos a los que impacta mayormente este mal.
Sin embargo, hoy los titulares a nivel mundial se enfocan en el Covid-19 mientras que la contaminación y las sustancias peligrosas causan un impacto devastador a la salud, a los derechos humanos y la preservación de los ecosistemas. Según David R. Boyd citado por ONU (2022), la contaminación mata 9 millones de personas al año, el doble que el Covid-19.
La contaminación del aire es el mayor contribuyente de muertes prematuras, al causar según OMS unos 7 millones de ellas cada año. Por eso, al estudiar la contaminación en San José hace unas dos décadas, se logró determinar que las concentraciones de monóxido de carbono superaban en ciertos puntos escolares hasta 3 veces lo permitido por la OMS. Este gas mortal, que es capaz de reducir la capacidad de aprendizaje de los niños, hoy sigue rondando en el entorno escolar.
En diferentes estudios científicos y documentos públicos de la ONU y de la OMS se ha establecido la certeza que la contaminación atmosférica provoca riesgo de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida.
Al punto que quiero llegar en esta breve nota es que una buena parte de estos riesgos de morbilidad son riesgos ambientales evitables, es decir que están asociados a una buena gestión ambiental de las actividades industriales, agrícolas y de transporte y que existe evidencia científica de que, si existe voluntad política e interés ciudadano, se puede reducir el riego. Pero hoy el país está pasando apuros ante la inminente suspensión de la gestión de la revisión vehicular y ante la posibilidad de que se aumente el flujo de vehículos usados por el posible aumento del costo del marchamo a los vehículos según su año modelo. Creo que sería prudente pensar en los costos en salud y ambiente de las medidas que se estén tomando, el país no puede poner en juego la salud de nuestros niños, de los ancianos y de la población en general. Tampoco se vale jugar con los ecosistemas terrestres y acuáticos que hoy por hoy son nuestra de mina de oro ante el mundo que nos da credibilidad en el campo de protección ambiental y que ha abierto las puertas de la industria turística mundial. Ojalá el nuevo gobierno permita que el país siga adelante y no se caiga en un retroceso en la gestión en la revisión técnica del país.
*Consultora ambiental, excatedrática de la UNA