En los últimos días vimos cómo un bus a plena luz del día prendió en llamas y a Dios gracias no llevaba pasajeros porque de lo contrario otra pudo ser la historia.
Luego sale a relucir que no es el único caso, sino que hay un incremento en la cantidad de unidades con problemas, algo que los bomberos atribuyen a falta de mantenimiento y a la antigüedad de estas.
Sabemos que hay una responsabilidad por parte de la empresa prestataria de los servicios, pero al mismo tiempo, ¿qué institución del Estado debería velar por el buen estado de los buses?
Bomberos reporta al menos nueve incendios, pero el Consejo de Transporte Público (CTP) solo confirma uno de manera oficial. ¿Cómo es esto posible? Hay algo que definitivamente está mal en la forma de abordar la situación.
Sería importante saber si se están coordinando operativos entre el CTP y la Dirección General de Tránsito para sacar de circulación todo lo que no se apegue a la normativa.
Otros incendios se han dado en el pasado en rutas de la Gran Área Metropolitana, algo que motivó a la Defensoría de los Habitantes a pedir cuentas por lo sucedido.
¿Se revisa que las unidades lleven extintores? ¿Cómo están las puertas de emergencia? ¿Hay un protocolo a implementar con los pasajeros en caso de un siniestro?
Recordemos eventos como el accidente en Cambronero, cuya unidad ya había pasado su vida útil, de acuerdo con los informes oficiales, no obstante, seguía circulando como si nada.
Y es que no existe un procedimiento claro y consensuado para realizar la inspección y control en carretera de las unidades que, por vencimiento de vida útil, incumplen la ley.
Hay otras que ni siquiera portan la revisión técnica vehicular al día, pero que siguen en carretera hasta que por algún incidente la unidad aparece en las noticias.
El CTP ha dicho que no tiene recursos suficientes para cumplir a cabalidad con sus funciones, de modo que estamos tigre suelto contra burro amarrado, solo amparados a que no ocurra otra desgracia.
Algo todavía peor es que, así como hay unidades con el RTV vencido, tampoco portan seguros, lo que hace que si alguna persona se siente lesionada tenga que ir a un largo juicio.
Entre las funciones del Consejo está coordinar la aplicación correcta de las políticas de transporte público, su planeamiento, la revisión técnica, el otorgamiento y la administración de las concesiones, así como la regulación de los permisos que legalmente procedan.
Resulta una verdadera lástima que los criterios de la Defensoría no sean vinculantes, porque ya son varias las veces en que ha hecho llamados de atención al Consejo de Transporte Público.
Mientras tanto, los casos se siguen dando y continúan surgiendo mil excusas para justificar por qué una unidad que no debería estaba en carretera, por representar un riesgo no solo para el chofer, si no para los pasajeros y cuanto carro haya al lado.
Esperemos que no sea hasta que pase una tragedia que las autoridades tomen cartas en el asunto y que ciertamente no tengamos vidas que lamentar.