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Un crédito bancario, una licitación, una declaración ante Hacienda, la venta de una empresa. Detrás de cada una hay estados financieros y una firma que los respalda: la de un Contador Público Autorizado. Y eso no es un trámite. Sus certificaciones e informes de atestiguamiento tienen carácter de documento público y sirven de fundamento para decisiones de personas, empresas e instituciones.
Más de una vez me ha tocado explicarle a un cliente por qué no puedo certificar algo tal y como me lo pide. No es terquedad. Un trabajo de atestiguamiento, sea una certificación de ingresos o un dictamen sobre estados financieros, es una opinión independiente sobre información que otro preparó, emitida contra criterios definidos y sustentada en evidencia. Quien la recibe —un banco, Hacienda, un comprador, una institución— decide creyendo en ella. Eso es la fe pública: no es un sello, es confianza.
Por eso me preocupa el Proyecto de Ley N.° 25.747, que propone la colegiatura voluntaria como regla general y deja la Contaduría Pública fuera de las excepciones, reservadas a salud, algunas ramas del derecho y ciertas ingenierías. Además, limita la potestad disciplinaria de los colegios a quienes decidan seguir afiliados.
Lo digo desde la práctica: lo que me permite sostener un “no” frente a un cliente es saber que hay un marco detrás. Normas de auditoría y de atestiguamiento, requisitos de independencia, educación continua, un código de ética y un tribunal vigilante. Ese marco no me pesa, me respalda. Si la colegiatura se vuelve opcional, dos personas firmarán el mismo tipo de trabajo: una respondiendo ante todo eso y la otra ante nadie. Quien recibe el documento no notará la diferencia hasta que sea tarde.
¿Quién asume el riesgo? El contribuyente. Si una declaración se presenta mal, la sanción de Hacienda la paga él, no quien firmó. Si un dictamen infla cifras, pierde el banco, el inversionista o el socio minoritario. Hoy existe una ruta: denunciar ante el Colegio, sin costo y con efectos reales sobre la habilitación profesional. Sin colegiatura, ¿Quién lo haría?
Revisar cuotas, aranceles y trámites me parece sano; los colegios debemos rendir cuentas. Pero quitarle control ético a los trabajos de fe pública no es modernizar: es dejar sin dueño una responsabilidad que hoy sí lo tiene.
Yo firmo con mi número de colegiada. Eso significa que debo responder por los datos ahí contenidos. La contabilidad no son solo números. Es la base sobre la que otros deciden.