Mónica Araya Esquivel*
En Costa Rica, el sector financiero y de seguros atraviesa una crisis de confianza que ha afectado seriamente a ahorrantes e inversionistas. Casos como los de Coopeservidores, Aldesa y Desyfin han expuesto graves fallas en el sistema de supervisión y evidenciado el alto costo y la ineficacia de los reguladores financieros. En un contexto donde el Estado asigna un promedio de $65 millones anuales para la supervisión y regulación de este sector, es urgente analizar si este esfuerzo cumple realmente con el objetivo de proteger a los ciudadanos.
Costa Rica cuenta con cinco entidades reguladoras clave: la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y el máximo órgano, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), además de la Contraloría General de la República. Todas estas instituciones, junto con auditorías externas e internas, tienen la responsabilidad de vigilar las prácticas de los bancos, cooperativas y otras entidades financieras. Sin embargo, los resultados recientes han dejado mucho que desear.
La supervisión debería detectar irregularidades antes de que afecten a los clientes, pero el alto costo de estos entes reguladores parece no traducirse en efectividad. En lugar de prevenir, se actúa de manera reactiva, cuando ya es tarde.
Ante estos problemas, resulta imperativo implementar cambios para devolver la confianza a los ahorrantes e inversionistas. Algunas acciones que se pueden considerar incluyen:
1. Revisión y simplificación del marco regulatorio: a menudo, el exceso de regulación lleva a procedimientos burocráticos que desvían del objetivo principal de supervisión. Simplificar las normativas, enfocándose en los riesgos y en la transparencia, podría mejorar la eficiencia de los reguladores.
2. Responsabilizar a los reguladores: establecer mecanismos de evaluación de desempeño para las entidades supervisoras y exigir responsabilidad ante fallos de supervisión. La función de estas entidades debería ser, en última instancia, proteger a los ahorrantes, y deberían rendir cuentas cuando no cumplen con ese objetivo.
3. Fortalecimiento de los sistemas de auditoría y transparencia: los auditores internos y externos deben ser más rigurosos en sus controles y reportes, e informar de manera pública sobre los hallazgos críticos. Es fundamental asegurar que no existan conflictos de interés que comprometan su independencia. A este tema, añado la importancia de la independencia de los reguladores, ya que muchos de estos nombramientos, en el pasado, fueron ocupados por los mismos miembros directivos de las entidades que son reguladas.
4. Ante fallos sistémicos, debería existir un fondo respaldado por el gobierno y las entidades financieras que proteja los ahorros de los ciudadanos. O, mejor aún, se podría considerar un seguro de riesgo, uno que realmente sea de y para los costarricenses, a diferencia de otros que han generado controversia.
Por último, el sistema judicial también tiene una deuda con los ahorrantes e inversionistas. En casos de fraude o malas prácticas, los procesos legales son lentos y muchas veces no logran hacer justicia a los ahorrantes y mucho menos pensar en recuperar sus fondos. Una justicia expedita y eficaz es clave para dar seguridad a quienes confían en el sistema financiero costarricense.
Solo mediante una reforma y un compromiso serio con la rendición de cuentas, los reguladores podrán cumplir su verdadera misión: proteger a los ciudadanos y sus dineros.
*Empresaria y expresidenta Grupo INS
