Dr. Enrique Rojas Franco
A los pobres de este país nadie los defiende, RITEVE rechaza una, dos, tres veces a los vehículos sin que exista una justificación que demuestre, bajo los principios del debido proceso, que la irregularidad por la cual se devuelve es cierta, lógica y justa.
Todos los que vamos a la revisión técnica, no tenemos conocimiento en la mecánica automotriz, ni en los aspectos de emisión de gases.
Empero, cada rechazo tiene un costo real o cierto, 50%, lo que hace que muchos vehículos paguen hasta tres veces la tarifa autorizada. Esto es una ganancia ilegítima, la cual no tiene un motivo cierto, y las autoridades públicas, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, COSEVI (CGR), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ARESEP, ni absolutamente nadie, controle.
Por otra parte, demuestro con un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, que RITEVE, en tres años, había logrado pagarse la inversión inicial que realizó. También se reportan dividendos de DIECISIETE MIL MILLONES DE COLONES (¢17.000.000.000,00) para los socios de la empresa.
Debe tenerse presente que ellos ofertaron por una flota vehicular de 500.000 vehículos y ahora está en más de 1.700.000 de vehículos registrados, lo que significa duplicar la proyección de ingresos o ganancias (teoría jurídica de los beneficios exorbitantes).
Pero hay más, ese aspecto de insaciabilidad a costa de los dineros del pueblo, violando los principios de la verdadera social democracia, han presentado una demanda por ajuste tarifario, por CUARENTA Y SEIS MILLONES DE DÓLARES ($46.000.000) contra el Estado de Costa Rica, el cual perdieron en primera instancia con pago de ambas costas.
Por otra parte, una de las empresas accionarias de RITEVE, denominada Supervisión y Control S.A., presentó una demanda en contra del Estado de Costa Rica por DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL EUROS (lo que equivale a TRESCIENTOS TREINA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES) en el CICAD, en Washington D.C. Los honorarios que están devengando los abogados internacionales de la firma norteamericana Arnold & Porter LLP que defienden a nuestro país, es de un total de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DÓLARES más TRECE MIL DÓLARES de uno nacional que actúa como asesor (el señor Aldo Milano). En suma, tiene demandas contra los dineros de los costarricenses, por ¢385.000.000, más gastos y honorarios de abogados.
Igualmente, solicitaron un aumento tarifario de 175% sobre la tarifa inicial ofertada de ¢7.721, más de DIEZ MILLONES DE COLONES (¢10.000.000) de sobreprecio, lo que significa que si usted al inicio de la RTV pagaba ¢7.721, hora tendría que pagar con el aumento solicitado, un total de VEINTE MIL COLONES (¢20.000).
Lo más grave es que existe un informe elaborado durante tres años, de aproximadamente veinte páginas, elaborado por el fiscalizador de RITEVE, que establece y prueba que existen graves y manifiestos incumplimientos de RITEVE al contrato.
En efecto, el licenciado Mayid Martínez, fiscalizador, fue despedido por el nefasto viceministro de Transportes, el Licenciado Rodrigo Rivera Fournier (lo recordarán por ser el funcionario público que se recetó a sí mismo un aumento de un 357% en dietas del CONAVI) para que en su lugar hicieran un informe de tres páginas, realizado por el señor Marvin Salazar Trejos, quien sí emitió un criterio favorable sobre el cumplimiento de Riteve, que a su vez fue avalado por la señora Silvia Bolaños, Directora de COSEVI, (la misma que lidera la propuesta de aumentar las causas de infracción vehicular, después de 10 años, o sea, más pago para los pobres de Costa Rica). Recordemos que diez días después se otorgó por parte de la presidenta Laura Chinchilla, y por el viceministro de Transportes, Lic. Rodrigo Rivera, la prórroga por diez años, quedando de nuevo el monopolio privado, que es prohibido por el artículo 46 de la Constitución Política. Recordemos que la Sala Constitucional avaló la violación constitucional, manifestando que, como hubo licitación, no importa que exista monopolio privado.
Pero hay más, los candidatos del año 2010, Ottón Solís, Otto Guevara y Luis Fishman dijeron, en medios de comunicación, que si ellos llegaban al poder, no iban a prorrogar a RITEVE, pero ahora no se han manifestado.
Recordemos que la señora Presidenta en campaña dijo también que no iba a existir más monopolio y en el ejercicio de su cargo, envió una nota, junto con el ministro de ese entonces, Francisco Jiménez , el cual fue dejado sin efecto, disque porque no había informe técnico, pero si lo había, lo que pasa es que era negativo (20 páginas) y despiden al que hizo el negativo, y ponen a uno que lo hace positivo en un documento de 3 páginas.
Pero hay más, en la Asamblea Legislativa esperaron que la Ley de Tránsito, antes de ser aprobada, se hiciera la prórroga, y veamos qué dice la Ley, la última que aprobó la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo, Nº 9078 del 4 de octubre de 2012, que dice literalmente:
“ARTÍCULO 25.- Autorización de los CIVE Corresponderá al MOPT, por medio del Cosevi, otorgar las autorizaciones a los centros que realizarán la IVE, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 de esta ley.
Esto reitera la antigua Ley de Tránsito, Nº 7331 del 13 de abril de 1993, en sus artículos 19 y 20. Estas irregularidades imposibilitan la participación de una empresa que represento, con una de las mejores del mundo, sino la mejor del mundo en revisión técnica, que quiere hacer un consorcio con costarricenses, para que exista una sana competencia, como existe en el mercado de seguros, banca, telecomunicaciones, como debe ser de acuerdo con los principios de favorecer al usuario público, usted habitante de Costa Rica, que tiene un vehículo, al que debe proteger el Estado y sus instituciones.
Existe un Proceso Contencioso Administrativo en que se cuestiona la prórroga y esperamos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, cumpla con el ordenamiento iuspublicístico costarricense, en beneficio de la sociedad in toto.
No obstante, vean lo interesante y lo contradictorio, en una nota de fecha 27 de agosto del 2012, DPS-5194-2012, suscrita por Marta Monge Marín, Secretaria General del Despacho de la Presidenta, dirigida a los señores José Miguel Corrales Bolaños, Célimo Guido Cruz, Gerardo Quirós Jiménez y otros del Movimiento Dignidad Nacional, les dijo literalmente:
“Como se indicó en la atención de su correo electrónico del 16 de enero del presente año, la presente Administración mantiene su posición en relación con la revisión técnica de vehículos, consistente en que la empresa RITEVE podría seguir ofreciendo el servicio de inspección de la flota de vehículos en el país, PERO NO NECESARIAMENTE DE MANERA EXCLUSIVA, por lo que se hacen los trámites necesarios para que ese mercado y servicios pueda ser compartido con otras empresas oferentes. La apertura de este campo depende del cumplimiento de varias condiciones y etapas de un procedimiento previamente establecido en el ordenamiento, sin que pueda decidirse la prestación de ese servicio por otras empresas sin respetar las disposiciones contenidas en la ley y los contratos respectivos, trámites que se encuentran a cargo de Concesiones del MOPT.”
A no dudarlo en un futuro gobierno se va a producir la declaratoria de lesividad del acto que ordenó la prórroga, o bien, la apertura a la competencia.
*Abogado especialista en
Derecho Público