El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, conversó con DIARIO EXTRA sobre la penetración de las bandas narcotraficantes en el país.
Al respecto, Zamora afirmó, entre otras cosas, que su cartera cuenta con recursos limitados para la intervención de áreas protegidas, pero, sobre todo, para labores investigativas, propias del combate de este tipo de delitos.
A continuación, un extracto de la entrevista con el ministro, quien se refirió también al combate al crimen.
El Minae asegura que el narco está en parques nacionales, los usa de bodega y compra propiedades aledañas bajo amenaza. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Seguridad Pública?
-Además usted podría agregar las zonas indígenas, que también ese es un tema tabú que no se ha querido tocar en esto, pero si usted observa una eventual presencia, al menos de paso, por indígenas. Se utilizan las zonas en que hay menos caminos, o más bien menos caminos cubiertos por la policía. Como hay retenes sistemáticos en las principales vías, se empieza a generar una penetración territorial por lugares alternos, en donde se busca justamente que se dé la llegada de droga a la costa y que por estas rutas alejadas termine finalmente llegando al Valle Central. Los parques nacionales han resultado un espacio territorial de paso para muchas de estas organizaciones, además permiten justamente actuar con la sensación de no ser capturados o detenidos. Esa es la ventaja que genera el escenario de paso por un parque nacional.
¿Qué se está haciendo desde el Gobierno para enfrentarlo?
-Dos cosas importantes. La primera, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que los guardaparques, que tienen autoridades limitadas de policía, se conviertan verdaderamente en policías y ejerzan autoridad de policía dentro de los parques nacionales. Eso es para mí muy importante porque si usted observa, el guardaparques es el que mejor conoce la zona en la cual ejerce vigilancia.
¿Qué más se hace?
-Orden para los apoyos puntuales que desde Fuerza Pública hemos venido coordinando. Se refiere a actuaciones de policía en montaña que permiten llegar a los lugares donde hay noticias de eventual penetración del narcotráfico. Muchas veces como los propios narcotraficantes son conocedores de la zona y han venido desarrollando sistemas de campanas, es decir, de informantes, hemos notado que muchas veces cuando se da la acción de la policía, no necesariamente confirmamos lo que nos dice la gente, cuando se da la actividad del recorrido de patrullas policiales no encontramos nada.
¿Qué se ha hecho en los territorios indígenas?
-En nuestra última operación de Policía de Control de Drogas (PCD), que se trasladó al Alto Talamanca, 158.000 matas de marihuana fueron cortadas. Esto habla que hay una práctica de sembradíos y que tiene relaciones comerciales para la venta en el Valle Central de esa droga.
¿No se han hecho más intervenciones desde entonces?
-Esa fue la última, en noviembre anterior.
Se convertirían unos 350 guardaparques en policías, pero a cada uno le toca vigilar unas 5.000 hectáreas de zonas protegidas. ¿No sigue siendo insuficiente?
-Ese reto lo tenemos en toda la Fuerza Pública. Es decir, tenemos hoy casi el mismo número de policías que teníamos hace 10 años, la población ha aumentado y el crimen se ha vuelto más sofisticado y más extendido en el territorio.
¿Qué se está haciendo con la presión a las poblaciones costeras para la compra de propiedades?
-Muchas de las organizaciones criminales tratan de blanquear su dinero de esta forma, una vez que logran sus grandes capitales. En el pasado sus capitales se captaban en Costa Rica y se enviaban a Colombia porque las organizaciones locales eran satélites de las ubicadas fuera del país, hoy en día se quedan en Costa Rica y por eso la lucha contra la legitimación de capitales es otro de los esfuerzos importantes.
¿Qué se hace para combatirlo?
-Hoy estamos presentando a la Asamblea Legislativa mecanismos legales que permiten mejorar la lucha contra la adquisición de bienes lícitos por parte de organizaciones ilícitas. Ahí tiene un gran reto de trabajo el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), que es la entidad pública encargada justamente de la lucha contra la legitimación. Muchas de estas notitia criminis han sido enviadas al Ministerio Público y algunas de ellas son parte de expedientes judiciales que permitirían posteriormente al Estado apropiarse de sus bienes.
¿Qué más se hace? Nos llega información de gente a la que amenazan para exigirle abandonar su vivienda.
-Tenemos aquí en el Ministerio 13.500 policías de la Fuerza Pública, pero los únicos que pueden hacer investigación es la PCD, que tiene 156 efectivos. Eso que le dicen a usted me lo dicen constantemente a mí, entonces cuando yo necesitaba mandar a policías de la PCD a investigar todos estos casos no había porque son solo 156, la mitad está trabajando y la mitad está libre, por turno tengo 78. Cuando me cuentan eso, que en San Carlos hay personas que hace un par de años servían tragos en un bar y hoy día andan en un Range Rover del año y son dueños de una piñera que exporta, pareciera que tenemos una nutrida agenda por investigar.
¿Entonces qué se hace?
-Crear jurisdicciones de investigación para que la PCD pueda abocarse a estas investigaciones. Esto obliga a replantear el uso del personal.
Como la del aeropuerto y los puertos.
-Cuando observo que la apostada en el aeropuerto su trabajo fue la detección de una maleta con drogas en ocho meses de trabajo, pero eso lo puede hacer cualquier otra policía, rentabilizo más ese recurso humano investigando eso que usted me está diciendo porque para el país es más significativo. Parte del reacomodo que estamos haciendo en la PCD, a diferencia de lo que dice la ANEP, es tratando de ubicar la PCD en donde sea más eficiente en torno a su mandato porque esto está pasando en todo Costa Rica.
Precisamente, sindicatos denunciaron que se incorporan a la PCD personas investigadas por su relación con el narco.
-Hemos pedido la información a los sindicatos porque esa aseveración que hicieron en público no se justifica con ningún hecho real. Recuerde que hasta para ser miembro de la Fuerza Pública usted debe tener un expediente limpio para el puesto más sencillo, entonces lo que están diciendo que para un puesto en la PCD llega alguien que esté con órdenes de captura por narcotráfico, me parece totalmente irresponsable aseverarlo sin las pruebas del caso. Los invitaría a aportar las pruebas.
¿A nadie le han abierto un proceso disciplinario?
-No. Todas las personas que ingresan a la PCD son nuevos reclutas, de ahí que me llamó la atención el desconocimiento que tiene la ANEP de la PCD.
El presidente Rodrigo Chaves se reunió con miembros de la PCD sin usted. ¿Qué opina al respecto?
-Él (Chaves) coordinó conmigo. Yo en ese momento tenía una reunión y por eso lo coordinamos previamente. Tengo una relación diaria con el señor presidente, estamos claros, y me pareció más bien un golpe de autoridad que el presidente se reuniera con los policías sin la ANEP, sin los mandos directos de la PCD, entre ellos mi persona, para que pudiera conocer directamente lo que ellos querían hablar.
¿Cuántos nuevos oficiales habrá?
-La PCD tiene los mismos efectivos de policía que tenía cuando fui ministro en 2014. Hoy en día le estamos inyectando 100 policías más, es el aumento más importante en los últimos 10 años. Y ¿qué es lo que logramos de la ANEP? La crítica de que está ingresando gente a la PCD y se deja decir semejante barbaridad cuando con solo constatar una cosa de esas el sistema la quita.
Más allá de todo esto, ¿estamos perdiendo la guerra contra las drogas?
-Es un error situar el tema de las drogas bajo el concepto de una guerra porque una guerra siempre es por un tiempo determinado y hay un ganador y un perdedor. Si fuera así, yo le diría que tenemos una guerra contra los homicidios. Si usted lee la Biblia, ahí aparecen relatos de homicidios y tenemos más de 2.500 años de que se dan los homicidios. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo esa guerra?
Pero los homicidios no son un grupo estructurado, jerarquizado, entrenado y armado para un fin.
-Los sicarios sí.
Pero los sicarios están relacionados con el narcotráfico.
-A veces no. Hay sicarios relacionados con los préstamos gota a gota. Es decir, este es un tema permanente.
Volviendo al tema, ¿qué le hace falta al país para combatir al narcotráfico, aparte de más personal?
-Una legislación que sea más dura, respecto a la dureza de estas bandas criminales. Nuestra legislación está pensada y diseñada para la atención de la criminalidad común y tiene un enfoque de resocialización de las personas. Es decir, Costa Rica nunca se caracterizó por ser un país que pudriera y destruyera a las personas en las cárceles, pero fíjese usted qué interesante, esa legislación que fue muy buena durante muchísimo tiempo tiene muchas oportunidades y muchas ventanas porque la resocialización es posible, en el tanto y el cuanto la persona detenida no pierda contacto con la sociedad.
¿Qué se debe cambiar?
-La posibilidad de la prisión preventiva, sumamente restrictiva. En muy pocos casos la policía logra que se dé. Le pongo el caso de la última operación del OIJ: nueve personas detenidas, nueve personas liberadas. Entonces tenemos una legislación muy proclive al crimen organizado en cuanto a no detenerlos.
¿Se podría emular la legislación de otro país?
-Ahí sí tengo que ser muy exacto en cuanto al tema. Cada país debe crear su propia legislación, de acuerdo con su propia realidad social. No hay países que sean idénticos a otros, por eso cuando alguien compara que nos va a pasar lo de Ecuador, mire, eso aquí no. El que piensa eso es porque no ha estado en Ecuador. No es tan fácil seguir los pasos de otro país de forma casi matemática.