En 1928 se creó la Defensa Pública, la cual inició como un órgano auxiliar de la administración de justicia. Al principio, con el fin de amparar a poblaciones vulnerables en procesos penales, sin embargo, luego de varios años el acceso a la defensa se generalizó se tuvieran o no los recursos económicos.
Además, dicha oficina comenzó a atender procesos, no solamente penales, sino también laborales, de familia, entre otros.
Un equipo de DIARIO EXTRA conversó con Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, para conocer cuáles son los principales desafíos de esta institución. A continuación la entrevista.
La Defensa Pública nace con el objetivo de atender grupos vulnerables, ¿cómo ha sido el proceso de acompañamiento a estas poblaciones?, ¿han tenido que trasladarse a territorios indígenas?
– A partir del contenido de la Ley de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas, en el artículo 7, se establece que ellos tienen derecho a representación legal por parte de la Defensa Pública, tanto para las personas que presentan demandas como las personas que son demandadas, es decir, atendemos, tanto a la persona que presenta una acción legal como a la persona que está siendo accionada.
¿Cómo ingresan?
– En primera instancia nos comunicamos con el encargado del territorio y solicitamos el permiso de ingreso, porque evidentemente hay un asunto de respeto para estas personas. A partir del permiso, entonces hacemos un taller de abordaje, elaborando una reunión, en donde escuchamos de manera activa cuáles son las peticiones que hacen las personas indígenas de los requerimientos que ellos tienen, a partir de conocer esas problemáticas, vamos a trazar una línea de atención. Es importante destacar que se debe tomar en cuenta como han venido resolviendo estas poblaciones sus conflictos de manera ancestral.
En los últimos años ha existido la idea de plantear una política criminal basada en el aumento de las penas, ¿cómo ve la Defensa Pública esta situación?
– Lo que hemos observado es una tendencia importante en la construcción de proyectos de ley, donde hay un importante aumento de la sanción penal. Nosotros hemos considerado si esta es realmente la solución desde un punto de vista integral a un conflicto determinado, nos preocupa que nosotros valoramos muchas veces si esta es realmente la solución a este tipo de situaciones que pueda estar viviendo el país, porque a veces dejamos de lado la integralidad de la solución.
Se está viendo la construcción legislativa como la creación de altas penas de prisión, debemos preguntar si esta es la única solución viable que tenemos o si realmente estamos haciendo un ataque integral del conflicto que genera, es decir, toda situación social humana tiene una génesis determinada.
¿Cómo hacer entonces para combatir la criminalidad?
– Se debe trabajar en la prevención, así como fortalecer la educación y la seguridad, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los menores a través de capacitaciones y de instrucciones del contenido de la ley, a través de oportunidades para que puedan tener más posibilidad de acceso al deporte y a otros espacios que les permitan desarrollarse adecuadamente. Ya que podríamos pensar que esta población al estar en vulnerabilidad puede ser tomada por los grupos criminales que estén reclutando personas.
Costa Rica pasó de tener una sentencia máxima de 25 años a 50 años. En la actualidad existen sectores que hablan de aplicar una medida que se llama pena permanente revisable, ¿qué piensa usted sobre el tema?
– Debemos preguntarnos qué vamos a ganar con el aumento de la pena, porque actualmente yo diría que ni siquiera se está cumpliendo el objetivo, que es el concepto de resocialización, para darle la oportunidad de que vuelva la persona a la sociedad, pero de una manera fortalecida.
¿Qué está haciendo falta dentro de los centros penales en cuanto a las herramientas que les están dando a los privados de libertad para su reinserción?
– Se hacen esfuerzos importantes en el Ministerio de Justicia para que las personas tengan las opciones y las posibilidades de contar con educación y el aprendizaje de formas laborales, pero es básico también que cuando egresen de los sistemas por alguna medida sean reintegradas a la sociedad.
¿Cuál es la circulación de expedientes por cada defensor?, ¿existen problemas en cuanto a estos números?
– Yo diría que no existen problemas, ya que intentamos mantener un control efectivo de la cantidad de expedientes por defensor, aproximadamente el promedio que tenemos es de 313 circulantes. Nosotros mantenemos un control a nivel del país, que es casi mensual-bimensual, en donde estamos controlando las cargas de trabajo. Cuando vemos que ya hay una situación que pueda elevarse, entonces, por supuesto que solicitamos los estudios al Departamento de Planificación para que se visualicen las necesidades y tengamos un criterio técnico para poder eventualmente solicitar más recursos.
¿Cree que se deba realizar una reforma integral del Código Penal?
– En la segunda parte del Código Penal, que son propiamente los delitos, se debe visualizar que cada vez que se realiza una construcción legislativa o una reforma uno esperaría que haya un análisis integral de todos los aspectos de la proporcionalidad y racionabilidad. En nuestro caso, desde la Defensa Pública, cuando somos consultados por la Asamblea Legislativa, siempre emitimos un criterio con respecto, digamos, a la visión que nosotros tenemos de alguna reforma.
¿Qué programas tienen?
– Estamos visitando escuelas y colegios cuando lo solicitan y estamos dando charlas en materia Penal Juvenil, esto con el fin de dar a conocer dicha legislación, pero, además de esto, abarcamos los temas de bullying, nuevas masculinidades y temas de género, porque son muy importantes para nosotros.
¿Qué requisitos se piden para acceder a la Defensa?
– Cualquier persona puede acceder a nuestros servicios, la única materia que tiene requisitos es la laboral, en dicho derecho las personas para poder acceder a los servicios deben tener ingresos menores a ¢800.000.