La fiesta con los fondos públicos sigue, para beneficiar a unos pocos que al final de cuentas terminan enriqueciéndose de una forma cínica y descarada.
La auditoría interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reveló recientemente que el proceso de reestructuración anunciado con bombos y platillos por la administración generará un pago de ¢384 millones más, anualmente, en salarios de gerentes y jefaturas.
Aún más preocupante es saber que semejante monto se distribuirá en solo dos plazas de jerarquía, ya que el Instituto pasaría de tener tres gerencias a cinco.
Una de las muchas contradicciones a las que el Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) nos tiene acostumbrados, pues ya de por sí están tan evidenciados y manchados ante su falta de credibilidad.
¿A dónde quedó la austeridad que tanto se le ha pedido a la ciudadanía? ¿Va a seguir la charanga con los fondos públicos?
No hay que dejar de lado que en el ICE los pagos millonarios no son nada nuevo, DIARIO EXTRA reveló a inicios de este año que la cúpula actual devenga ¢262 millones mensuales en salarios, y solo la gerente general Hazel Cepeda y la presidenta ejecutiva, Irene Cañas, cobran entre ¢2 millones y ¢4 millones más que el propio Presidente de la República.
¿Qué acaso no es esto también un festín más? De este modo se refleja el discurso contradictorio del Poder Ejecutivo y algunos diputados de promover la aprobación de más impuestos o de asegurarse ingresos mediante más préstamos, de manera que solo el sector de la población de a pie tiene que zocarse la faja, mientras los de cuello blanco siguen viendo la crisis como algo que no los toca ni con la punta de una pluma.
La situación no termina ahí, es grave saber que, desde la administración de una entidad tan emblemática para los costarricenses, como lo es el ICE, su propia auditoría interna termine evidenciando que no se cuenta con los estudios necesarios para conocer las consecuencias de echar a andar el proceso de reestructuración.
Prácticamente la auditoría desnuda que la estrategia se echó a andar a ciegas, sin contemplar aspectos tan básicos como el análisis de cuál sería el costo del pago por indemnizaciones, en caso de tener que reemplazar o remover a un funcionario.
La improvisación se ha fijado como una bandera en las decisiones del actual Gobierno y se convirtió en un mal que ya lanzó tentáculos a todo el sector público. Por lo visto, el ICE no escapa de ello.
Pero tampoco hay que apartar la mirada de la crisis interna que enfrenta la actual administración de Irene Cañas en el Instituto.
Los propios trabajadores denunciaron en reiteradas ocasiones que hay escasez de materiales para la atención de averías, inclusive la resistencia a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sigue siendo un punto cuestionable, ya que los trabajadores consideran que la información no refleja las condiciones reales de la institución.
Atrasos en la instalación de fibra óptica, pérdida del proyecto Red del Bicentenario, plan que generaría ingreso por $100 millones, la solicitud de un crédito para mejorar el flujo de caja por el mismo monto de ese concurso, estos son algunos de los varios cuestionamientos que enfrenta la entidad. Esto debiera encender las luces de alarma, pero al parecer a la Contraloría General de la República no le ha preocupado cumplir con sus labores de fiscalización al respecto.
El propio Ministerio de Hacienda ha cuestionado el hermetismo con que el Instituto maneja la información financiera de la entidad y de sus subsidiarias.
Aquí el punto es: ¿con qué cara se sigue pidiendo a la población que aguante los precios altos en la electricidad, combustibles y costo de vida en general? Las acciones hablan más que las palabras y la austeridad parece no ser el norte de administraciones e instituciones como el ICE.
Ya bien lo dijo la diputada Paola Valladares en su momento, esta institución del Estado no puede asumir que es una república independiente, sino una entidad pública con autonomía.
Conciencia es lo que hace falta en la toma de decisiones, principalmente porque la situación financiera del ICE también se encuentra afectada por la pandemia. Solo en 2020 reportó pérdidas por ¢110 mil millones, sin embargo, parece que eso no resulta espejo suficiente, pues se busca continuar con un plan que busca aumentar los puestos de gerencia.
Sería lamentable pensar que ese aumento de jerarquías pueda ser un modelo para una pequeña red de cuido, donde los mismos de siempre permanezcan en puestos ejecutivos, con salarios que no representan la realidad económica que afronta el Estado.
¡Ya está bueno de semejante pachangón!, los discursos del Ejecutivo se enfocan en decir que no hay plata, pero las acciones de las propias instituciones no reflejan que la situación sea tan grave.
Que se pongan todos de acuerdo y empiecen a trabajar, trabajar, trabajar, luego hablamos de danzas de millones.