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La Universidad de Costa Rica (UCR) fue, durante décadas, un faro de excelencia académica, pensamiento crítico y compromiso social.
Hoy, sin embargo, su nombre aparece cada vez más asociado con escándalos administrativos, despilfarros presupuestarios y decisiones institucionales que traicionan la confianza del país.
Lo que ocurre en esta casa de estudios no solo es una vergüenza, es una afrenta al pueblo costarricense que financia con sus impuestos una institución que parece haber olvidado para qué existe.
Mientras miles de estudiantes enfrentan barreras económicas para continuar sus estudios y el país vive una de sus peores crisis de desigualdad, la UCR solicita la astronómica suma de 7.000 millones de colones para poder cumplir con la migración al salario global.
No es un chiste, es una petición formal, respaldada por un informe actuarial enviado a la Rectoría en noviembre de 2024, meses después de que el Consejo Universitario aprobara el nuevo régimen salarial.
Según el informe elaborado por la Escuela de Matemática de la misma universidad, el gasto inmediato será de unos 3.000 millones, y en un plazo de entre 10 y 15 años aumentará paulatinamente hasta alcanzar los 7.000 millones de colones.
Todo para mantener los privilegios de una estructura que, lejos de ajustarse a los tiempos de austeridad y rendición de cuentas, sigue expandiéndose como si no tuviera que responder ante nadie.
Se habla de que con el nuevo Régimen de Salario Académico (RSA) se alcanzará un ahorro superior a los 30.000 millones de colones, pero ese alivio apenas llegaría en el año 2040.
Mientras tanto, los costarricenses tendremos que seguir financiando el aumento del gasto universitario por los próximos 15 años. ¿Dónde está la responsabilidad financiera? ¿Dónde está la sensatez?
A esto se le suman escándalos aún más preocupantes. El Consejo Universitario denunció ante la Fiscalía irregularidades graves en la construcción de cuatro edificios, luego de que un informe de la Contraloría Universitaria alertara sobre anomalías.
Las investigaciones incluyen posibles falsedades en la recepción de obras y la omisión de inspecciones en proyectos como el laboratorio Ciclotrón PET/CT, lo cual ya ocasionó costos adicionales para la universidad por medidas correctivas. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ya detuvo a dos personas por este caso.
¿Y quién da la cara por todo esto? ¿Quién responde ante el país por este uso cuestionable de recursos públicos? El rector Carlos Araya asegura estar dispuesto a colaborar con las investigaciones, pero esa apertura no basta: se requiere responsabilidad institucional, se requiere transparencia, se requiere rendición de cuentas.
Como si lo anterior no fuera suficiente, se denuncia una especie de “enganche salarial” disfrazado, pues cualquier incremento otorgado a docentes terminará beneficiando automáticamente a decanos y jerarcas, que ya gozan de salarios privilegiados.
Un mecanismo que perpetúa inequidades dentro de la misma universidad, y que contradice todo principio de equidad y eficiencia presupuestaria.
Es hora de decirlo sin rodeos: los estudiantes deben estar primero. No los privilegios de unos pocos. No los megaproyectos sin control. No los aumentos que benefician a cúpulas que se alejan cada vez más de las aulas y de la realidad del país.
Ya basta de defender lo indefendible. No más discursos de autonomía para encubrir excesos.
La Universidad de Costa Rica necesita urgentemente un viraje ético y presupuestario. Una revisión profunda de sus prioridades.
Una reestructuración de su relación con la ciudadanía. Porque no hay educación de calidad sin compromiso con la transparencia. No hay excelencia académica si se tolera la opacidad y el despilfarro.
Que quede claro: la universidad pública es vital para el desarrollo del país. Pero no a cualquier precio. No en medio de esta fiesta. Y mucho menos cuando quienes deben recibir el mayor respaldo, los estudiantes, son siempre los últimos en la fila.