¿Qué perderíamos si desaparecen los colegios profesionales?

Seamos claros: nadie quiere pagar por algo que siente que no le sirve. En Costa Rica es común escuchar que los colegios solo cobran una cuota. La crítica debe escucharse. Ninguna institución está por encima de la rendición de cuentas, la transparencia ni la obligación de mejorar. Pero, cuestionar cómo funciona una institución no es lo mismo que concluir que su función es innecesaria. Una cosa es pedir cuentas; otra muy distinta es tirar el agua sucia con todo y balde.

Pensemos primero en el ciudadano. Imagine que usted contrata a un profesional. Algo sale mal. Usted considera que hubo una actuación contraria a la ética profesional. ¿Ante quién presenta la denuncia? ¿Quién investiga? ¿Quién determina si existió una falta ética? ¿Qué ocurre si esa persona no está afiliada al colegio? 

El empleador puede investigar una falta laboral, pero una relación laboral y el ejercicio de una profesión no son lo mismo. La responsabilidad profesional trasciende la relación con un patrono. Un profesional puede cambiar de institución, de puesto o de jefatura; sin embargo, la responsabilidad ética y profesional lo acompaña a lo largo de su ejercicio profesional.

Hay otra pregunta que pocas veces hacemos: ¿qué recibe el propio agremiado a cambio de pertenecer a un colegio profesional? Porque, seamos honestos, a veces muchos pagan la cuota y ni se preguntan qué hay detrás de ella.

Cuando un colegio combate el intrusismo profesional, por ejemplo, no está defendiendo únicamente a una institución. Está defendiendo el trabajo de quienes hoy ejercen legítimamente una profesión y, también, las oportunidades laborales de quienes mañana ingresarán a ella. Cuando una persona ajena a una disciplina ocupa su campo profesional, no solo se afecta una organización: se reduce y se desnaturaliza el espacio laboral de toda una profesión. ¿Qué pasa con usted como profesional si cualquiera que tenga un título universitario puede ejercer en su campo sin someterse al mismo control profesional?

Por otro lado, cuando un colegio emite un criterio técnico ante una institución o un empleador, también puede estar protegiendo al profesional. Un criterio especializado puede evitar que se asignen funciones ajenas a una disciplina, que se desnaturalice un puesto o que se desconozca el ámbito de competencia profesional.

A esto se suman la regulación ética, los mecanismos para analizar posibles faltas, la representación colectiva, el fortalecimiento de la profesión y la posibilidad de que miles de profesionales tengan una voz institucional frente a decisiones que afectan su ejercicio. Individualmente podemos tener una opinión; organizados profesionalmente podemos incidir.

Por eso, un colegio profesional no debería ser visto únicamente como una institución a la que se paga una cuota. Para el agremiado, también puede ser una estructura que protege el valor de su profesión, su ejercicio legítimo y las condiciones que permiten que esa profesión conserve su lugar en la sociedad. Si el problema es que una cuota resulta injustificada, discutamos la cuota. Si existen colegios ineficientes, reformémoslos, defender los colegios en algunos casos no significa defenderlos tal como están. Pero eliminar una institución no demuestra que la función que cumple sea innecesaria.

¿Son perfectos los colegios profesionales? No. Deben modernizarse, comunicar mejor lo que hacen, rendir cuentas, ser eficientes y demostrar con resultados el valor que generan. Defender su existencia no significa justificar sus errores.

Pero aquí es donde conviene no comerse la bronca tan fácil, eliminar los colegios tampoco hace desaparecer las funciones que cumplen. Si desaparecen, alguien tendrá que fiscalizar, atender denuncias, establecer responsabilidades éticas, combatir el ejercicio profesional indebido y proteger a la sociedad. La pregunta entonces no es solamente quién cobrará la cuota. La pregunta seria es: ¿quién asumirá esas responsabilidades y bajo qué modelo?  y ¿cuánto le costará al Estado crear una nueva estructura? Si se eliminan o reducen determinadas potestades de los colegios, las funciones de protección del interés público no desaparecen automáticamente. Alguien tendrá que realizarlas.

El propio debate actual muestra que la propuesta crea un Registro Nacional de Profesionales en el MEIC y modifica el modelo de control profesional. ¿Estamos eliminando burocracia o simplemente trasladándola de los colegios al Estado? Y hay otra pregunta que tampoco debería quedar sin respuesta: ¿cómo se hará la transición entre un modelo y otro sin dejar vacíos de control o protección para la ciudadanía? Cambiar de nombre al problema no es lo mismo que resolverlo.

Antes de eliminar una institución, debemos preguntarnos qué problema resolvía, qué funciones cumplía y quién las asumirá después, porque quitar una pieza del tablero no hace desaparecer el problema.

Al final hay dos protecciones que importan: la del ciudadano frente a un mal ejercicio profesional y la del buen profesional frente a quienes ejercen una profesión sin estar habilitados para hacerlo. Cuando un colegio profesional desaparece, el problema que regulaba no desaparece con él. La mala praxis no desaparece. El intrusismo no desaparece. Las faltas éticas no desaparecen. El riesgo para el ciudadano no desaparece. Lo que cambia es quién tendrá que responder cuando eso ocurra y esa es la discusión que Costa Rica debería tener antes de aprobar una reforma de esta magnitud.

Entonces, tal vez la pregunta correcta no sea solamente: ¿Para qué sirven los colegios profesionales? Sino también: ¿Quién protegerá al ciudadano y quién protegerá el ejercicio profesional legítimo cuando ya no estén?