¿Qué pasó con los imputados del caso Madre Patria?

El Ministerio Público confirmó que las 21 personas que se encuentran cumpliendo medidas cautelares en el caso Madre Patria, tendrán que pasar 1 año en prisión preventiva.

Esto luego de que la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada consiguiera que se impusiera dicha medida, la cual fue ordenada desde julio, pero la defensa técnica presentó un recurso de apelación.

“El 25 de setiembre el Tribunal Penal de San José emitió la resolución a esta, en la cual dio la razón al Ministerio Público y mantuvo lo resuelto en la primera audiencia”, indicó la Fiscalía.

Mientras que, al imputado de apellidos Rosales Apú, funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP), se le mantendrán las medidas cautelares ordenadas, es decir, seguirá suspendido del cargo y tendrá que mantener domicilio fijo, presentarse a firmar, y no puede salir del país. Todo esto hasta el 25 de diciembre del 2024.

Por otro lado, a los oficiales de la Policía de Tránsito y los abogados, el Tribunal determinó revocar las medidas cautelares de suspensión e inhabilitación del cargo, por lo que ahora cumplirán solo las otras medidas, quedando de la siguiente manera:

• Alvarado Amado, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños: Firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales vencen el 25 de diciembre del 2024.
• Aguilar Zúñiga y González Jiménez (abogados y notarios): Arresto domiciliario y no comunicarse con otros imputados, testigos y ofendidos, las cuales vencen el 25 de junio 2025.
• Fernández Bonilla (abogada y notaria): Firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales vencen el 25 junio del 2025.

La investigación se mantiene en trámite bajo el expediente 22-005018-0042-PE.

El caso

A los imputados se les vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.

Esto debido a que serían parte de una organización dedicada a realizar fraudes registrales con propiedades de alto valor en varias partes del país, y luego, habrían desarrollado una estructura para legitimar el dinero que incluiría desde servicios de buses en rutas concesionadas por el CTP, hasta tiendas tipo “outlet”.

El caso estalló en junio de este año, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un total de 47 allanamientos en Heredia, Alajuela, Cartago, San José y Puntarenas, y se presume que las cabecillas de la banda son dos españoles de apellidos León y Gómez.