Marta Eugenia Esquivel fue nombrada jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), lo anterior pese a contar con ocho causas penales en su contra.
El nombramiento, cuestionado por distintos sectores, no solo le otorga un puesto en el Gabinete, sino que, además, le brinda inmunidad.
Lo anterior por el artículo 121 de la Constitución Política.
Así las cosas, ¿qué pasa con los procesos que debe enfrentar Esquivel mientras está en el cargo? ¿Pueden quitarle la inmunidad? ¿Y qué ocurre con las medidas cautelares que le interpuso el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José?
Así lo explicó el abogado penalista Dennis Solano a Diario Extra.
¿El nombramiento es legal?
Sí, es legal. De acuerdo con Solano, hubo “falencias” en la resolución que ordenó la medida cautelar de Esquivel, lo cual le permite ejercer el cargo.
Cabe recordar que a la jerarca la suspendieron seis meses de la Presidencia de la CCSS y además no podría tener contacto con testigos de la causa, así como tampoco influir en la licitación investigada en el caso Barrenador.
“En la medida cautelar no se manifiesta una inhabilitación completa de cargos públicos. ¡No fue absoluta! Por decirlo de alguna manera, fue un zafis de la Fiscalía. Si las medidas cautelares dictadas hubiesen dicho que Esquivel no podría ejercer ningún cargo público por un tiempo determinado, hoy no estaría en el cargo. De alguna manera, hubo un portillo para que ella esté en el puesto. Por principio de legalidad, lo que no está expresamente prohibido, está expresamente permitido”.
¿Qué pasa con el expediente?
El expediente tendría que ser asumido por la Fiscalía General, que tendría que formular acusación o solicitar la desestimación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Jurídicamente, se entiende como “protocolizar piezas”.
¿Se le puede levantar la inmunidad?
Sí se le puede levantar la inmunidad. La Fiscalía General no tiene limitación de investigar a Esquivel y en caso de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia determine la eventual comisión de un delito, pediría a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad de Esquivel para poder juzgarla.
Para ese trámite, se requiere el voto de 38 miembros del Congreso.
Si se supera dicho procedimiento, el tema vuelve a la Sala Tercera para realizar un juicio.
¿Y si la Asamblea no levanta la inmunidad?
Según Solano, el proceso judicial contra Esquivel se suspendería hasta que ella deje el cargo como jerarca de Mideplán.
¿Y los demás investigados?
En el caso de los otros investigados por el caso Barrenador, el tema sigue su curso ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
La causa se sigue bajo el expediente 24-000267-1218-PE.
¿Y las medidas cautelares?
Se mantendrían en las mismas circunstancias debido a que fueron dictadas previo a que Esquivel asumiera el cargo y adquiriera inmunidad por parte de Casa Presidencial.
Solano recalcó que las medidas cautelares “no fueron lo suficientemente claras”.
¿Y los salarios no devueltos?
A finales de 2024, Marta Esquivel no había devuelto más de ¢24 millones que se le pagaron de más durante su administración.
Según el experto, el cobro de dichos recursos debe seguir su curso en sede administrativa y, aunque Esquivel sea ministra, no debería entorpecerse el cobro.
“A nivel de Tramitación Procesal, esas son incidencias administrativas. Hay un proceso administrativo interno y no hay problema con el cobro”, sentenció.
