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En Costa Rica, funcionarios como diputados, magistrados, ministros, el presidente y vicepresidentes de la República cuentan con una figura especial conocida como inmunidad o fuero, una protección establecida en la Constitución Política que impide que puedan ser detenidos o juzgados sin antes cumplir un procedimiento especial.
Así lo explicó la fiscal adjunta de laFiscalía General, Edith Morera, durante el programa Voces MP, donde detalló cómo actúa el Ministerio Público cuando una persona con este privilegio es vinculada a un delito.
“Es un privilegio, una protección que se le brinda a las personas que ocupan ciertos cargos públicos de manera tal que no puedan ser detenidas ni juzgadas si previamente no hay un procedimiento, una autorización que permita realizar ese tipo de acciones”, indicó.
Morera aclaró que la inmunidad no significa impunidad y que cualquier funcionario puede ser investigado.
La fiscal explicó que estos procesos tienen diferencias importantes con una causa penal ordinaria. La principal es que la investigación queda directamente en manos del fiscal general de la República y no de fiscalías territoriales o especializadas.
Además, las solicitudes judiciales no son conocidas por juzgados comunes, sino por la Sala de Casación Penal.
“Es directamente el fiscal general quien debe dirigir y llevar adelante este tipo de investigaciones”, detalló.
Otro aspecto distinto es que la persona investigada no puede ser indagada de inmediato como ocurre en procesos comunes. Según explicó Morera, esa diligencia solo puede realizarse una vez presentada la acusación formal ante la Sala III.

