Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La falta de aprobación definitiva del Presupuesto Nacional de 2027 antes del 30 de noviembre abriría una disputa sobre cuál plan de gastos debe entrar en vigencia, luego de que dos medidas cautelares de la Sala Constitucional suspendieran la discusión y votación del proyecto en segundo debate.
Las resoluciones, emitidas el 9 de noviembre, responden a consultas sobre las restricciones impuestas al Poder Judicial para utilizar casi ¢30 mil millones y el recorte de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Artículo 178 de la Constitución Política obliga al Congreso a aprobar el presupuesto antes del 30 de noviembre. Sin embargo, existen criterios contrapuestos sobre qué ocurriría si los diputados no consiguen completar ese trámite.
“Deberíamos someterlo a votación y estaríamos votando. De no ser aprobado, regiría el presupuesto que planteó el Poder Ejecutivo inicialmente”, aseguró Nogui Acosta, diputado oficialista y exministro de Hacienda.
Esta interpretación implicaría retomar el proyecto enviado por Hacienda el 1.º de setiembre y dejar de lado las modificaciones introducidas durante su discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Los recursos para seguridad portuaria, que se modificaron, los recursos para la carretera a San Carlos, pero particularmente los recursos de Fodesaf y la redistribución que se hace. Estaría ocurriendo una situación bien complicada y es que no habría recursos para el régimen no contributivo, para becas avancemos, para comedores escolares. Esa moción de redistribución es fundamental”, agregó Acosta.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, discrepa de esa posibilidad y considera que se da por aprobado el documento que recibió el respaldo legislativo en primer debate.
“La Constitución lo que dice es que, antes del 30 de noviembre, se aprobará el presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico siguiente. No plantea opción de rechazo. La Sala, incluso, en algún momento, ha señalado que el presupuesto queda aprobado ese día, independientemente de lo que pase”, manifestó Rodríguez.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa contempla mecanismos especiales para evitar que la discusión presupuestaria se prolongue indefinidamente.
Su artículo 205 dispone que el 27 de noviembre, a las 11:55 p. m., el proyecto se tendrá por aprobado en primer debate si la discusión continúa pendiente.
Para el segundo debate, establece que el 29 de noviembre, a las 11:30 p. m., debe agotarse la discusión y someterse el presupuesto inmediatamente a votación.
Sin embargo, esta disposición no establece expresamente que el proyecto quede aprobado automáticamente si no existe una votación definitiva.
Rodríguez considera que el mandato constitucional garantiza la existencia de un presupuesto para el siguiente ejercicio económico, independientemente de que la votación se concrete.
La Procuraduría General de la República, en su opinión jurídica OJ-163-2014, advirtió que la Constitución no contempla una respuesta expresa ante la falta de aprobación del presupuesto.
Como posibles soluciones extraordinarias, señaló tener por aprobado el texto de primer debate o permitir que continúe vigente el presupuesto del año anterior, aunque ninguna constituye una consecuencia automática expresamente regulada.
En noviembre de 2005, el entonces presidente legislativo Gerardo González emitió una resolución que permitía dar por aprobado el presupuesto en segundo debate si se rompía el quórum el día 29 de noviembre. En ese escenario prevalecería el texto aprobado en el primer debate. El Plenario rechazó una apelación contra esa resolución, que quedó como antecedente parlamentario.
Una situación diferente ocurrió en 2014, bajo la presidencia legislativa de Henry Mora. Los diputados rechazaron los tres dictámenes presupuestarios y, posteriormente, el proyecto original del gobierno de Luis Guillermo Solís.
A pesar de ese resultado, Mora emitió una resolución para tener por aprobado en primer debate el texto original del Ejecutivo. El presupuesto finalmente fue aprobado en el segundo debate.
No obstante, en enero de 2015, la Sala Constitucional determinó que las actuaciones de Mora contenían vicios sustanciales que lesionaron el principio democrático y los derechos de los diputados, aunque mantuvo la eficacia de la ley presupuestaria.
Este antecedente plantea una diferencia con 2026: El proyecto para 2027 ya recibió aprobación en primer debate, por lo que existe un texto legislativo vigente en el procedimiento.
El trámite del presupuesto se mantiene pendiente mientras la Sala Constitucional resuelve los cuestionamientos al presupuesto: Las normas de ejecución del Poder Judicial y el recorte al FEES.
El exviceministro estima que la Sala podría determinar la inaplicabilidad de normas de ejecución presupuestaria, mientras que recuperar los recursos recortados a las universidades enfrentaría mayores dificultades por las restricciones para modificar partidas.
“La Sala puede señalar que estas normas, una vez que la ley está aprobada, no se pueden aplicar porque son inconstitucionales. El recorte del FEES es más complejo, en términos de procedimiento, el recorte ya no se puede revertir. La Sala puede decir que el recorte que se hizo es inconstitucional, pero no resarcir los recursos”, indicó.
Por ahora, el Congreso mantiene suspendida la discusión y votación en segundo debate. El plazo constitucional vence el 29 de noviembre, domingo que el propio Reglamento legislativo habilita para sesionar sobre el presupuesto.