Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Entre agosto del 2015 y septiembre del 2016, la Asamblea Legislativa ha hecho tres nombramientos de magistrados. El primero, en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el segundo para la Sala Tercera, o Sala de Casación Penal, y el tercero, para la Sala Segunda. En esta última, se resuelven definitivamente, entre otros, conflictos del Derecho del Trabajo (público y privado) y de la Seguridad Social (pensiones y jubilaciones). En los tres casos, fueron designados hombres de etnia caucásica, casados con mujeres, y que tienen hijos. Hasta hace unos decenios, ese era el perfil ideal (y único a considerar, cabe agregar) de cualquier aspirante a ocupar un puesto de alta jerarquía en las instituciones públicas, y concretamente, en los Supremos Poderes. Pero, afortunadamente, han surgido y se han consolidado en el país movimientos de reivindicación de derechos de poblaciones discriminadas a lo largo de la historia nacional. Y ello no solo para participar en concursos para puestos público de alto nivel, sino también para acceder a muchos otros medios de progreso personal integral. Se pueden mencionar entre las víctimas de esas exclusiones a las mujeres, las personas no heterosexuales, las personas solteras, divorciadas o viudas, los afrodescendientes e indígenas, quienes presentan alguna limitación física, personas solteras con hijos, o quienes sencillamente no tienen hijos. En el caso de los nombrados en Sala III y Sala II, cabe apuntar que el primero es hijo de la actual Ministra de Justicia, y se ha desempeñado como ministro y viceministro, respectivamente, en gobiernos de los partidos Liberación Nacional y en el actual, del Partido Acción Ciudadana. El designado en la Sala II es el juez que, en marzo del 2009, declaró sin lugar una demanda de acoso sexual contra Federico Tinoco, entonces diputado del Partido Liberación Nacional. También tiene a su haber una causa penal activa en la que figura como denunciado. Para mayor abundamiento, el recién designado suma a sus méritos el de haber invitado a un festejo “familiar” con ocasión de su nombramiento, a los diputados que votaron por él. Los otros concursantes para magistrado de Sala Segunda no presentaban ese tipo de rasgos. Todo lo contrario. En el caso del juicio por acoso sexual contra el diputado Tinoco, otro concursante para la plaza de Magistrado de la Sala Segunda integró el tribunal de apelaciones que revocó el fallo de primera instancia, y condenó solidariamente al Estado y al diputado, por el hostigamiento sufrido por la víctima y demandante (que es mujer). Otra concursante para el mismo cargo integró como magistrada suplente la Sala de Casación, que confirmó el fallo de segunda instancia, manteniendo la condena a pagar millones de colones en reparación por el acoso denunciado. Ninguno de esos dos funcionarios judiciales obtuvo un apoyo significativo en las votaciones realizadas en la Asamblea Legislativa, el cinco de septiembre de este año, para la referida selección. Estas realidades dan motivos sobrados a las siguientes reflexiones. La primera, es que el candidato por excelencia para desempeñar esos puestos, según la línea de acción sentada por la actual Asamblea Legislativa, debe ser hombre, caucásico, heterosexual, casado, con hijos, sin limitaciones físicas, y, además… ¿incondicional a un partido político o al contubernio de varios, y retributivo con quienes votan para designarlo? Otra idea es que, si los más altos jueces de la República se seleccionan estrictamente en función de un estereotipo de “gente de bien”, que por demás haya prestado servicios o demostrado lealtad a grupos con poder político y económico, la credibilidad de los habitantes del país en el sistema de administración de justicia podría venirse abajo. Una nación que no puede confiar en la imparcialidad del Poder Judicial está condenada irremediablemente a la anarquía, a la ejecución de la justicia por propia mano, porque no puede creer en la integridad de los que, en última instancia, resuelven los procesos judiciales. Háblese de denuncias por delitos económicos o sexuales, de contiendas legales por bienes inmuebles, títulos valores, obligaciones dinerarias por relaciones comerciales, laborales, o por prestaciones de seguridad social… Si todos los magistrados tienen las mismas circunstancias de vida, y deben fidelidad y agradecimiento a los diputados que les dieron sus votos para que ocupen esos cargos, ¿qué trato imparcial podemos esperar el común de los ciudadanos?
La Asamblea Legislativa está en proceso de nombrar un magistrado de Sala Constitucional. Esperemos que no mantenga la misma pauta de acción. Si persiste, podría poner en peligro la estabilidad política del país, y coadyuvar al creciente desprestigio de quienes realizan la grave tarea de juzgar a los demás. Tienen la palabra, señoras y señores representantes de todo el pueblo de Costa Rica.
*Abogada