Un allanamiento a la Municipalidad de Talamanca encendió las alertas del manejo ambiental que pudiera estarse dando en un cantón sinónimo de naturaleza.
Hablamos de un sitio con zonas decretadas como Patrimonio Natural del Estado, pero cuyo resguardo, por su lejanía de la capital, podría estar en manos de nadie.
Hemos visto cómo ambientalistas y ecologistas han dado un paso al frente para denunciar que las cosas no se están haciendo como deberían y hay desdén por parte de las autoridades.
Todavía más preocupante es que tengan que recurrir a la Sala Constitucional para evidenciar incumplimientos en las acciones que debería estar ejerciendo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
El Ministerio Público deberá determinar si la tala hecha cerca del Refugio Silvestre Gandoca-Manzanillo fue legal, pero genera sospechas que el propio ministro de Ambiente Franz Tattenbach ordene una investigación.
Tal y como ocurrió con los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), esperamos que en este caso también se emprendan sanciones por el no cumplimiento de deberes.
A los empleados públicos se les ha encomendado una función y es su deber para con el Estado y la sociedad el velar por el bien común, pero en este caso por el cuido del ambiente.
Costa Rica es famosa a nivel internacional por su imagen “proteccionista” y este tipo de situaciones no deberían darse, porque hay que serlo, no es solo parecerlo.
Ya para febrero de 2024 había trascendido otra resolución de la Sala IV asociada a los humedales también en la zona de protección de Talamanca.
Ahora, cuatro meses después, de nuevo los magistrados ordenan al Estado en la figura del Sinac cumplir no solo con sus deberes, sino con las resoluciones emitidas.
De este modo, habría una doble desobediencia de la Ley. Por un lado, no cumplen con la función encomendada y, por otro, no acatan las disposiciones del Tribunal. Habría asuntos tan graves como errores en la clasificación del Patrimonio Natural del Estado, informes del Sinac que no contemplan regímenes hídricos y establecimiento de zonas boscosas sin estudios técnicos. Y todo esto pasa en el país que, ante el mundo, se vende como “verde”.