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Costa Rica enfrenta una discusión que va mucho más allá de números y porcentajes. El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, presentado ante la Asamblea Legislativa, asciende a ¢12,4 billones y representa una reducción aproximada de ¢392 mil millones, un 3,1% menos respecto al presupuesto vigente de 2026.
La cifra dice mucho, pero no lo dice todo. Detrás de cada presupuesto existen decisiones sobre las prioridades de un país. Por eso además de preguntarnos cuánto podemos gastar, deberíamos preguntarnos qué país queremos construir con los recursos disponibles.
Estoy de acuerdo en que Costa Rica debe “socarse la faja”, lo hacemos en nuestros hogares cuando los recursos no alcanzan y también debe hacerlo el Estado cuando las circunstancias fiscales lo exigen.
La Reforma Fiscal aprobada en 2018 y puesta en marcha en buena medida durante 2019 buscó precisamente devolver sostenibilidad a las cuentas del Estado. Ese ordenamiento, sin embargo, también debía procurar la protección de las poblaciones más vulnerables y un uso más eficiente de los recursos sociales.
Siete años después vale preguntarnos, ¿para qué ordenamos las finanzas si esa estabilidad no nos permite también proteger a las poblaciones dándoles oportunidades? Socarnos la faja no debería significar sacrificar aquello que mañana puede resultar mucho más costoso reconstruir. El presupuesto propuesto plantea reducciones en áreas sensibles. Educación recibiría ¢2,75 billones, cerca de ¢19.229 millones menos que en 2026, una disminución del 0,7%. Seguridad Pública tendría alrededor de ¢350.451 millones, un 1,7% menos. Justicia y Paz disminuiría un 2,5%. Cultura y Juventud, un 3,4%. Gobernación y Policía, un 3,7%, mientras que el Poder Judicial recibiría aproximadamente ¢530.973 millones, un 1,9% menos.
Precisamente por eso, la discusión no debería reducirse a afirmar que todo se está recortando. La pregunta debe ser más profunda, ¿estamos protegiendo suficientemente aquellas inversiones capaces de evitar que los problemas que enfrentamos hoy sean todavía mayores mañana?
La reflexión resulta particularmente necesaria cuando la inseguridad ocupa buena parte de la agenda nacional, hablamos de homicidios, narcotráfico, disputas territoriales y estructuras criminales.
Pedimos, con razón, mayor presencia policial, mejores investigaciones y respuestas contundentes frente al delito, pero la seguridad no comienza cuando escuchamos una sirena. Comienza mucho antes.
Comienza cuando un niño encuentra oportunidades en una escuela; cuando un adolescente permanece en el colegio; cuando una comunidad dispone de una cancha, un parque iluminado, una biblioteca o actividades culturales; cuando una familia vulnerable encuentra acompañamiento y cuando una persona joven tiene acceso a capacitación y empleo antes de que una estructura criminal le ofrezca dinero, reconocimiento o pertenencia.
Esos espacios también son seguridad.
Necesitamos policías en las calles, pero también jóvenes en las aulas, perseguir al crimen organizado, pero debemos intervenir antes de que una persona llegue a formar parte de esas estructuras.
El propio diagnóstico gubernamental incluido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030 reconoce que el gasto público en educación pasó de representar un 7,5% del PIB en 2017 a un 4,9% en 2025.
Es un dato que merece reflexión cuando el país todavía enfrenta desafíos de permanencia educativa, infraestructura y desigualdad de oportunidades.
Una persona joven que permanece estudiando, una comunidad que recupera un parque, un niño que encuentra oportunidades en el deporte o la cultura y una familia que recibe apoyo quizá nunca aparezcan como rendimientos financieros en una hoja de cálculo; sin embargo, también representan inversión en prevención y seguridad.
Estas palabras no buscan confrontar, ni desconocer la complejidad de administrar los recursos públicos, mucho menos pretender negar la necesidad de mantener unas finanzas responsables.
Son una invitación respetuosa a la reflexión. El Poder Ejecutivo presentó su propuesta y ahora corresponde a la Asamblea Legislativa estudiarla con responsabilidad, es una oportunidad para revisar cifras, valorar consecuencias y determinar cuáles inversiones debemos proteger, porque el verdadero desafío no debería ser simplemente gastar más o gastar menos, es gastar mejor y saber dónde no podemos dejar de estar.
Costa Rica necesita finanzas sanas, pero también educación, seguridad, espacios públicos, prevención y programas sociales que generen oportunidades, estos no son objetivos contrarios; deberían ser parte de una misma visión de país.
Sí, tenemos que socarnos la faja, pero vale preguntarnos hasta dónde podemos apretarla sin cerrar también las oportunidades de quienes más las necesitan.
Porque detrás de cada cifra que aumentamos, mantenemos o recortamos estamos tomando una decisión mucho más grande que equilibrar las cuentas públicas. Estamos decidiendo qué país queremos construir.