La causa judicial por el Caso Barrenador tuvo hoy jueves el dictamen de las medidas cautelares.
El Juzgado Penal de Hacienda decidió inhabilitar del cargo por seis meses a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel y a otros 4 imputados.
Se trata de los funcionarios de apellidos Camareno, Gómez, Rojas y Gutiérrez.
Además del cese del puesto, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José anunció otras medidas cautelares a los implicados, las cuales son:
- Prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación número 2023LY-000002 0001101142
También tendrán prohibido:
“Comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar por cualquier forma, de manera personal o por terceros o por medos tecnológicos o conocer asuntos laborales de los testigos”, señaló la resolución a la solicitud de medidas cautelares del Ministerio Público.
El plazo de la suspensión de seis meses aplica del 10 de octubre de 2024 al 6 de abril de 2025.
Por otra parte, el juzgado desestimó otras medidas solicitadas por la Fiscalía, las cuales incluían:
- Impedimento de salida de país
- Depósito de los pasaportes, personales, oficiales o diplomáticos o de segundas nacionalidades
- Firmar una vez al mes en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
¿Qué pasará con la Junta Directiva?
Ante este escenario, la presidencia y la Junta Directiva, quedarían sin la mayoría de sus integrantes.
Hace unas semanas, el presidente Chaves declaró que ante las eventuales medidas cautelares, que se conocieron hoy, la Caja quedaría “descabezada de tajo”.
Incluso, en una conferencia de prensa, el mandatario mostró su respaldo a Esquivel.
También criticó que fuera trasladada en una “perrera”, durante su detención en Pérez Zeledón, el pasado 23 de setiembre.
Pese al apoyo mostrado, ahora el jefe de Estado deberá tomar la decisión de a quién nombrar en la presidencia ejecutiva de la CCSS, una vez la sentencia quede en firme.
Grupo Extra solicitó a Presidencia un pronunciamiento ante la resolución. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta de Casa Presidencial.
¿Qué se sabe del caso?
El pasado 23 de setiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó 28 allanamientos, ante la denuncia de contratos con un supuesto sobreprecio de 12.400 millones de colones para la administración de Ebais, por parte de cinco cooperativas.
Se realizaron 8 detenciones, de integrantes de la Junta Directiva de la Caja, incluyendo a la presidenta de la institución, Marta Esquivel.
En el caso judicial la Fiscalía investiga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
También señala una presunta presión por parte de los directivos de la Caja para ceder la adjudicación a las cooperativas beneficiadas.
Sobre los contratos, la Contraloría General de la República (CGR), confirmó que un total de 9 de 10 estaban en firme, contrariando la versión del Gobierno.
Esquivel y los 7 funcionarios fueron puestos en libertad, el 24 de setiembre, a la espera de las medidas cautelares.
