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La propuesta de la diputada María Marta Carballo del PUSC para hacer obligatorios el trabajo y el estudio durante las condenas de prisión merece una discusión técnica seria y despojada de prejuicios. Más allá de las posiciones políticas, los números hablan por sí solos: cada persona privada de libertad le cuesta al Estado ¢22.000 diarios, lo que representa más de ¢383 millones al día para mantener a las 17.452 personas recluidas según datos del Ministerio de Justicia.
Pero el costo económico, aunque significativo, no es el único argumento que debe guiar esta discusión. Costa Rica enfrenta una crisis de criminalidad que está capturando a cientos de jóvenes en sus redes, alimentando un ciclo de violencia que amenaza el tejido social del país. En este contexto, el sistema penitenciario no puede seguir siendo únicamente un mecanismo de castigo; debe transformarse en una herramienta real de rehabilitación y reinserción social.
El modelo actual ha demostrado su ineficiencia. Las altas tasas de reincidencia evidencian que el simple encierro no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, muchas veces lo perpetúa, devolviendo a la sociedad personas sin herramientas, sin oportunidades y, frecuentemente, más endurecidas que cuando ingresaron al sistema.
Las autoridades correspondientes—Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Criminología, especialistas en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil—deben abordar esta propuesta con rigor técnico. Algunos aspectos fundamentales que deben analizarse incluyen:
Infraestructura y recursos: ¿Cuenta el sistema penitenciario con las instalaciones, el personal capacitado y los recursos necesarios para ofrecer programas educativos y laborales de calidad a toda la población reclusa?
Calidad educativa y laboral: No basta con crear programas por cumplir una obligación legal. La educación y el trabajo en prisión deben ser pertinentes, actualizados y realmente útiles para la reinserción laboral posterior.
Derechos humanos y dignidad: Aunque la propuesta cite instrumentos internacionales que avalan el trabajo obligatorio en prisiones, es fundamental garantizar que cualquier implementación respete plenamente la dignidad humana y no se convierta en explotación laboral disfrazada.
Seguimiento y evaluación: Un sistema robusto de monitoreo debe medir no solo el cumplimiento formal de las actividades, sino su impacto real en la reducción de la reincidencia y la mejora en la reinserción social.
En una Costa Rica donde la violencia juvenil alcanza niveles preocupantes, donde las oportunidades escasean para muchos jóvenes y donde el crimen organizado recluta cada vez más temprano, un sistema carcelario que ofrezca verdaderas segundas oportunidades puede ser parte de la solución.
Costa Rica no puede permitirse el lujo de mantener un sistema penitenciario que funcione únicamente como bodega humana.