¿Qué hacía el director jurídico del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) inspeccionando toros en Palmares cuando él es abogado y no veterinario?
Esta es una de las preguntas que se hizo el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, quien considera que este tipo de situaciones resta eficiencia a las instituciones.
El jerarca defendió la decisión de unificar varios departamentos, entre ellos las direcciones jurídicas de las instituciones del sector agropecuario, y asegura que cuentan con el visto bueno del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
“No estábamos pudiendo ayudar a los productores porque el director jurídico del Senasa andaba haciendo inspecciones de toros en Palmares y Zapote. No sé qué tan indispensable sea que un abogado (haga eso), él es abogado, no es veterinario”, replicó Carvajal ante una consulta de DIARIO EXTRA.
Con esta unificación de departamentos están liberando dos plazas para trasladar recursos a las áreas de impacto en favor de los productores, según dijo.
“Yo consulté a la Procuraduría sobre el traslado de expedientes de los procesos, la personería jurídica instrumental se mantiene, los abogados podrían dar el servicio. Aquí no hay nada ilegal, la reorganización la avaló Mideplan”, explicó.
Ahora solo hay una asesoría jurídica y un único departamento de prensa.
Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, comentó que todo se hizo apegado a la normativa que corresponde y la guía oficial de reestructuración parcial o total.
Además, habría contado con un estudio técnico de la unidad de planificación institucional del MAG y de reforma institucional de Mideplan. Fernández aclaró que las instituciones cuando hacen este tipo de procesos tienen hasta seis meses prorrogables para implementar los cambios, y eso implica que a partir de esa etapa se tenga que emitir algún decreto o normativa inferior.
“Eso no requiere de ley, sino Mideplan no lo habría podido aprobar”, replicó. Uno de los cuestionamientos que han hecho público diputados de la Asamblea Legislativa, propiamente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, es si se podía hacer esto, dado que tanto la Ley del Senasa, como el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) dictan funciones específicas para su independencia operativa.