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A las puertas del cierre del período legislativo, la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional sigue estancada. El último intento se dio el miércoles 22 de abril, pero volvió a fracasar en una sexta ronda de votación, en la que ningún candidato logró los 38 votos requeridos para ser nombrado.
La Sala Constitucional (también conocida como Sala IV) no cuenta con magistrados suplentes desde diciembre de 2025, lo que, a consideración de la diputada Alejandra Larios, presidenta de la Comisión de Nombramientos del Congreso, ha provocado el retraso de varios expedientes.
La semana pasada, la diputada oficialista Pilar Cisneros fue enfática en señalar que su fracción no desea que la actual Asamblea Legislativa nombre a los funcionarios judiciales.
“No es una estrategia, es una decisión de la fracción oficialista. Nosotros no queremos nombrar a esos magistrados porque es una lista cerrada que manda la Corte. Es evidente que no hay acuerdos”, dijo Cisneros a Grupo Extra y añadió que “no le veo la emergencia”.
Cisneros aseguró que, a su criterio, el Poder Judicial envió tardíamente la lista de aspirantes.
“¿Sabe cuándo se vencieron esos nombramientos? En febrero (del año pasado). ¿Y cuándo mandaron la nómina? En setiembre, casi octubre. Entonces, ¿cuál era la emergencia? (…) Entonces, es mentira que hay tal emergencia, porque se hubieran apurado (…) Ese es un puro cuento”, señaló Cisneros.
La Corte Suprema de Justicia remitió una nómina de 18 aspirantes, que fueron analizados por la Comisión de Nombramientos.
Posibles retrasos
A consideración del abogado Boris Molina Mathiew, la falta de nombramientos de magistrados suplentes podría obstaculizar algunos procedimientos que requieran a estos funcionarios judiciales ante ausencias de magistrados titulares.
“Si la Sala Constitucional, o cualquiera de las otras, requiere del nombramiento de los magistrados suplentes para poder completar la votación de algunos casos particulares, esos casos tendrán que quedar en lista de espera hasta que se configure la totalidad de la Sala. Ese sería el principal retraso”, dijo Molina.
A consideración del abogado constitucionalista Fabián Volio, los únicos casos que no se pueden conocer son aquellos en los que algunos de los magistrados titulares tengan conflictos de interés, puesto que los suplentes tendrían que entrar en funciones.
Sin embargo, Molina señaló que, a su criterio, es probable que con los nuevos legisladores esa situación se resuelva.
Eventuales cambios
Uno de los elementos que Cisneros mencionó como razón por la que el oficialismo no se decanta por los aspirantes es que la lista se debe hacer “abierta”, a través de un concurso público. A la vez, detalló que, a su criterio, es evidente que no hay acuerdos entre los diputados actuales, puesto que ninguno de los candidatos ha logrado los 38 votos necesarios, mientras que el oficialismo solamente tiene ocho votos.
Sin embargo, el analista político Sergio Araya advierte que ese panorama cambia en la nueva Asamblea Legislativa, puesto que el oficialismo, a través del Partido Pueblo Soberano, tendrá 31 votos.
Y aunque requiere siete votos adicionales para nombrar magistrados, asegura que, si los aspirantes siguen siendo los mismos, podría haber otro impasse.
“En un escenario a partir de mayo, si se mantiene esa misma línea, con una mayoría afín al oficialismo, con Pueblo Soberano, sería de esperar que, si estos nombres se mantienen, no van a contar con el aval para que sean electos, al menos en las primeras semanas de gestión de los nuevos diputados”, señaló Araya, quien mencionó que se podría presionar a la Corte Plena para que envíe una nueva lista de candidatos.
Al respecto, Volio señaló que, según los procedimientos, la lista podría ser sustituida en el nuevo período legislativo.
Pilar Cisneros
Diputada oficialista
“Faltan menos de 15 días para que empiece la nueva Asamblea Legislativa. Nadie se va a morir. No hay un drama, no hay un cataclismo. 15 días más, 15 días menos, no hay ningún problema (…) ¿Qué es lo que se ha paralizado?, ahí están resolviendo”.
Óscar Izquierdo
Diputado del PLN
“La Sala Constitucional corre peligro de que no pueda sesionar así que todos los recursos que presenten los costarricenses podrían verse paralizados en vista de que no esté debidamente constituida la Sala”.

