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La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la Ley contra el Silencio en Delitos Sexuales en Perjuicio de la Niñez y Personas con Discapacidad. Una iniciativa que busca ampliar la responsabilidad civil de organizaciones religiosas, deportivas, sociales o comunitarias cuyos representantes o personeros cometan abusos sexuales y las instituciones encubran o no denuncien los hechos.
Dicha propuesta, impulsada por la bancada del Frente Amplio, será votada en segundo debate el próximo martes.
“Cuando la condición clerical o de poder de aquellos haya facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho ilícito y se demuestre que, teniendo conocimiento del hecho punible, incumplieron con la obligación de denunciar”, señala el proyecto.
La iniciativa, que cuenta con respaldo multipartidista, reforma los Códigos Penal, Procesal Penal y Civil con el propósito de cerrar los portillos legales que han permitido el ocultamiento de delitos sexuales. Según la modificación al artículo 106 del Código Penal, las organizaciones podrán ser obligadas a responder solidariamente por los daños y perjuicios derivados de los delitos sexuales cometidos por sus personeros, ministros religiosos u otras autoridades, cuando se compruebe que conocían los hechos.
Uno de los temas que más debate generó fue el papel de los sacerdotes al escuchar confesiones sobre delitos sexuales. No obstante, aunque la reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal mantiene la confidencialidad en casos de secreto profesional, solo el secreto de confesión será completamente inquebrantable.
“En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada”, indica el expediente 23.928.