Esta semana la opinión pública ha puesto el foco en contra de los ocho involucrados en el caso Barrenador, de los cuales, siete corresponden a funcionarios que figuran o figuraron como miembros de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la gerente general de la institución.
Dichos imputados están involucrados en la adjudicación de la licitación 2023LY-000002-0001101142, en la cual, la Caja aprobó tercerizar a cooperativas y asociaciones de salud, la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) para 10 Áreas de Salud dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), por un monto de ¢3.929 millones.
Desde hace más de 20 años, la CCSS ha optado por prestar los servicios a través de terceros, ya sea universidades públicas, privadas o cooperativas, como en este caso.
No obstante, las alarmas se encendieron cuando, mediante un análisis de costos, se determinó que existía un sobreprecio en todas las ofertas, que en su momento llegó a ser de ¢13.000 millones, más que el contrato que mantenía la institución.
Ante esta diferencia, la Gerencia Financiera de la Caja hace dos análisis, primeramente, indica algunos factores que pudieron incidir en engrosar las diferencias, resaltando el cambio de jornadas laborales, girando hacia 48 horas semanales y los perfiles que se adicionaron para esta nueva licitación, lo cual pudo haber propiciado un crecimiento que varía entre un 13% y un 63%.
Sin embargo, aducen que la Gerencia Médica no halló respuestas lógicas que admitieran esta inflación en los precios.
“La valoración del presente documento permite observar los principales elementos que inciden en el criterio de “excesivo”, como el crecimiento global del costo de la totalidad de partidas, sin que se logre acreditar por parte de la Gerencia Médica una mayor complejidad, cantidad de servicios o mejoras significativas en la contratación actual”, dice el oficio DFC-ACC-0489-2024.
Luego de esto, las cooperativas presentaron rebajas a sus ofertas iniciales, sin embargo, estas igual representaron un sobreprecio que, según la Fiscalía, estaría rondando los ¢12.400 millones. Estas ofertas fueron adjudicadas el 6 de julio anterior, por parte de la junta directiva, por lo que varios sindicatos e incluso la misma Auditoría de la Caja presentaron denuncias penales por haber aceptado las ofertas, pese a las advertencias de los órganos internos de la institución que alertaron sobre una inflación en los precios.
Cabe destacar que, en todo momento, las cooperativas, así como Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, aseguran que todo el proceso se realizó con total transparencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES JUDICIALES?
De este modo, tras una larga investigación, la Fiscalía sospecha que los directivos habrían efectuado tráfico de influencias, ya que, según la hipótesis, las cooperativas habrían participado en la elaboración del cartel de licitación e incluso mencionan algunos nexos entre directivos y cooperativas, cuyos contratos ya están en firme.
“La denuncia de la auditoría de la Caja, en la misma se investiga la contratación de servicios de Salud de 138 Ebáis con precios sumamente excesivos, denuncia de injerencia de la junta en detrimento de una que llevaba más de 2 años de estar en curso. Se están disponiendo de muchos recursos, tanto el bolsillo de los costarricenses y el sistema de Salud donde va a haber un detrimento por precios excesivos”, explicó Carlo Díaz, fiscal general.
Asimismo, según detalló Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estos funcionarios habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo, bajo los intereses de varias cooperativas de salud, pese al perjuicio económico que significaba para la Caja.
NUEVO NOMBRAMIENTO
La Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) denunció que Esquivel nombrara gerente general de la institución a otra imputada del caso Barrenador.
Se trata de María de los Ángeles Gutiérrez, exgerente interina de la CCSS y quien figura dentro de los ocho detenidos por la investigación de los contratos a sobreprecio otorgados a cooperativas.
El Sindicato señaló que este nombramiento se dio el miércoles, a las 6:42 p.m., un día después de que los funcionarios fueron liberados en el Segundo Circuito Judicial de San José.
