Bajo el expediente 24.467, la Asamblea Legislativa tramitará la nueva Ley Jaguar, la cual busca ser sometida a referéndum. El Poder Ejecutivo propuso ante los diputados un nuevo proyecto “inmaculado”, libre de los vicios de inconstitucionalidad señalados en la resolución de la Sala IV.
Según explicó Laura Fernández, ministra de la Presidencia, aunque la nueva iniciativa carece de la “entrada” sí tiene “el plato fuerte y el postre”, por lo cual argumenta que, sustancialmente, mantiene sus objetivos principales.
Para Fernández, la resolución del tribunal constitucional permite al Gobierno delimitar dentro del proyecto de ley las funciones de la Contraloría General de la República (CGR).
“Dicen los magistrados sobre la Contraloría que no puede sustituir o abarcar funciones de la administración activa, es decir, no puede cogobernar con las instituciones públicas”, explicó la jerarca.
A grandes rasgos, esta nueva iniciativa tiene como principales cambios la eliminación de varios artículos y la sustitución de texto en algunos de ellos, como ejemplo, a la hora de delimitar las funciones de la Contraloría.
En el texto anterior, el Gobierno planteaba que las decisiones del ente contralor no podrían “sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar” lo cual fue cambiado solamente por los verbos: “sustituir o abarcar”.
Asimismo, permanecen los artículos que pretenden cambios tanto en la Ley de Contratación Pública como en la Ley Orgánica de Japdeva, esto para realizar la construcción de Ciudad Gobierno bajo el modelo de contratación que plantea el Estado y desarrollar la terminal de cruceros de Limón.